Especialistas consideran que las arbitrariedades cercenaron las expectativas de ahorro y eficiencia energética del proyecto gubernamental que inició en 2011. Solamente al 0,20% de las viviendas construidas se les instaló o instalaría paneles solares. Además, muchos urbanismos y viviendas están conectados ilegalmente al sistema eléctrico nacional. Hasta la fecha, este proyecto no está incluido dentro de las acciones y programas destinados a mitigar el cambio climático en Venezuela.