Riachuelo: a pesar de los impactos ambientales, buscan retomar la navegabilidad
La iniciativa fue impulsada en conjunto por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como el Ejecutivo Nacional, a través del organismo encargado de cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de limpiar la Cuenca Matanza Riachuelo, ACUMAR, quieren habilitar la navegabilidad para fines turísticos. Sin embargo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) denuncia públicamente que no están dadas las condiciones necesarias para llevar adelante esta acción.
El 12 de diciembre finalizó una audiencia pública que tuvo el objeto de debatir la posibilidad de retomar la navegación entre el kilómetro 0 y el Transbordador Nicolás Avellaneda, en el barrio porteño de La Boca. La iniciativa fue impulsada en conjunto por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la audiencia diversos actores y organizaciones sociales y ambientales se pronunciaron en contra de la aprobación de esta iniciativa. Giselle Munno Dithurbide, del área de Asuntos Legales de FARN remarcó que las condiciones ambientales que llevaron a la prohibición de la navegación aún no fueron modificadas, y que "resulta alarmante que se realice esta propuesta sin que exista un informe de factibilidad técnico que exponga condiciones ambientales propicias para retomar la navegabilidad en el Riachuelo".
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En 2011, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, basándose en el artículo 8 de la Ley 25688 sobre el Régimen Ambiental de las Aguas, suspendió esta actividad declarando "la Cuenca hídrica Matanza-Riachuelo como Zona Crítica de Protección Especial con Servidumbre de Paso Ambiental", en el marco de la causa Mendoza que dio origen al fallo de la CSJN.
En este sentido, la Academia Argentina de Ciencias Ambientales, en base a un estudio en el cual se analizó la genotoxicidad de muestras de sedimentos de la cuenca Matanza-Riachuelo, explicó que el documento de ACUMAR, que acompaña dicha propuesta, carece de datos sobre la batimetría de la cuenca y que tampoco aporta información sobre el régimen de propulsión ni el calado que tendrían las embarcaciones que la Autoridad de la Cuenca prevé considerar. Además, dijo que ignora que la navegación generaría la resuspensión de los contaminantes que ya existen en los sedimentos. Por último, concluyó con que no se analiza el impacto de esa actividad en la cadena trófica. Impactos que podrían derivar en perjuicios para el ambiente y la salud de la población.
Desde FARN coincidieron con esta postura destacando que no se ha avanzado lo suficiente en la ejecución de la sentencia de la causa Mendoza. "El saneamiento de la cuenca debe continuar como prioridad y hasta tanto no se alcancen las últimas instancias del mismo, es inviable - en términos ambientales- retomar la navegabilidad" indicó por su parte Munno Dithurbide.
Además, explicó que "dadas las complejidades emergentes del proceso de ejecución de la sentencia de la Causa Mendoza, la habilitación de todo tipo de navegación en el curso de agua sería, sin lugar a dudas, una medida regresiva para el progreso de los objetivos del Plan Integral del Saneamiento Ambiental (PISA)".
Sin desconocer la importancia de la actividad turística en el tramo de la cuenca baja del Riachuelo, FARN sostiene que es necesario atender las condiciones ambientales del recurso hídrico y la salud de la población antes de avanzar con otras acciones. El PISA aún se encuentra en proceso de ejecución y con demasiados progresos pendientes a pesar de los avances a la fecha.