Cinco provincias argentinas buscan vender sus yacimientos mineros a inversores europeos
Del 9 al 13 de diciembre se llevará a cabo la Semana de Materias Primas, organizada por la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de explorar la dinámica futura de las materias primas en Europa.
A la Semana de Materias Primas, desde Argentina, asistirán representantes de los gobernadores de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza, quienes mantendrán reuniones bilaterales con la Comisión Europea. Además, participarán de un evento público el 10 de diciembre sobre Argentina y la UE organizado por Dirección General de Asociaciones Internacionales (INTPA).
De acuerdo a la información disponible, estos encuentros están enfocados en posibles inversiones de empresas europeas en proyectos de extracción de minerales, específicamente del cobre y de litio, en el marco del Acta de Materias Primas y del programa Global Gateway.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifestaron su preocupación tanto por las formas como por el contenido de estas reuniones y señalaron que "la falta de transparencia y participación de la sociedad civil en estas instancias de debate y discusión anula la posibilidad de brindar puntos de vista sobre la situación de conflictividad socioambiental en torno a los minerales demandados para la transición dominante, en particular el litio y el cobre".
En un comunicado, FARN advirtió que el gobierno nacional está desarrollando un proyecto político que involucra tres grandes elementos, los cuales generarían un grave retroceso en los derechos humanos y ambientales en el país. Entre estos, mencionaron el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales e impositivos a proyectos de explotación de naturaleza a gran escala y prioriza el uso de agua y energía de estos proyectos por sobre los usos de la población en general; reformas en el Estado Nacional que atentan contra su rol central como garante de los derechos humanos en una sociedad en el que cerca del 50% de las personas se encuentra bajo la línea de la pobreza y no accede a servicios básicos; y a su vez, se avanza en el desprestigio de quienes manifiestan distintos puntos de vista o reaccionan ante estas políticas.
"A este cuadro general se suman conflictos ambientales en las distintas provincias que hoy buscan vender sus yacimientos mineros a inversores europeos, que a su vez dependen de la importancia de materias primas, especialmente minerales, para avanzar en las tecnologías para el actual modelo de transición energética", sostuvieron desde la organización.
Salta y Jujuy, en la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, más de 30 comunidades llevan reclamos por la falta de cumplimiento de sus derechos a distintas instancias administrativas y judiciales a nivel local, nacional e internacional.
Catamarca, en esta provincia se quiso avanzar sin planificación ambiental estratégica, a pesar de que en el Salar del Hombre Muerto existen más de 10 iniciativas de explotación minera, de las cuales 5 planean extraer agua de la misma cuenca, el Río Los Patos. Como antecedente, la actividad minera ya provocó el secado de la vega del Río Trapiche.
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San Juan, se busca desarrollar proyectos de minería de cobre, como Filo del Sol, Josemaria, El Pachón, Los Azules, Altar y Esperanza. Sin embargo, desde 2015, los vecinos de Jáchal han protagonizado reclamos constantes para frenar actividades extractivas que ponen en riesgo la salud de la población, especialmente tras el derrame de solución cianurada de la mina Veladero, que afectó los ríos Potrerillos, Las Taguas, La Palca, Blanco y Jáchal. Actualmente, el proyecto Josemaría se encuentra en la cuenca del Río Jáchal, lo que genera una mayor presión hídrica y avanza a pesar de múltiples denuncias por un proceso de consulta irregular y por violaciones a la Ley de Glaciares.
Mendoza, una provincia históricamente afectada por crisis hídricas, se sancionó la Ley provincial 7.722, respaldada por una amplia movilización popular, con el objetivo de proteger los recursos hídricos frente a la actividad minera y garantizar su sostenibilidad. Sin embargo, en noviembre la legislatura provincial aprobó 34 proyectos mineros en la localidad de Malargüe, poniendo en riesgo la debida implementación tanto de la Ley 7.722, como de la Ley Nacional de Glaciares.
"Ante estos escenarios y dinámicas que se están evidenciando en la construcción de acuerdos para facilitar el acceso a minerales para las metas de la transición energética del Norte Global, vemos con preocupación que se prioricen intereses de avanzar en la extracción mineral por sobre las necesidades y miradas de comunidades que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que atentan contra la integridad de ecosistemas que cumplen funciones centrales para el sostenimiento de la diversidad biológica y para la adaptación y mitigación del cambio climático", enfatizaron desde FARN.
