Territorios de Vida: la importancia de que las comunidades originarias gestionen sus propios espacios

Las comunidades originarias de América Latina protegen el 80% de la riqueza biológica del continente. Son en total 40 millones de personas pertenecientes a 521 pueblos indígenas, lo que supone algo más del 6% de toda la población latinoamericana.

Gestionan 3000 territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales (TICCA), llamados también "Territorios de vida", donde han habitado por siglos. Son reconocidos como modelos de gobernanza y conservación por las Naciones Unidas. Sin embargo, muchas veces no son tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones dentro de los planes nacionales para la conservación de la biodiversidad.

"El movimiento Territorios de Vida surgió como una disidencia del enfoque conservacionista que no tiene en cuenta los modelos de gobernanza comunitaria de, por ejemplo, las comunidades indígenas", cuenta Carolina Amaya, coordinadora del Centros de Estudios Médicos Interculturales. Amaya y su equipo acompañaron 32 iniciativas de conservación comunitaria en Colombia, que recibieron financiamiento en el marco de la Iniciativa Mundial de Apoyo a los TICCA gestionado por el ICCA Consortium y financiado por el gobierno alemán a través del Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta iniciativa se implementó en 26 países.

Para la especialista, de nada sirve que se amplíen las áreas protegidas o se creen nuevas si no se preservan los territorios que llevan conservando la biodiversidad frente a los proyectos extractivos durante décadas. Los TICCA buscan igualar su estatus al de las áreas protegidas para tener la misma protección en los espacios que gestionan. "Se busca que llegue a ser una figura con incidencia legal y política que permita la conservación del territorio y de los derechos culturales de las comunidades indígenas, negras y campesinas", explica Amaya.

En esta dirección se trabaja en Colombia. En 2018, se formó la Red TICCA Colombia, una agrupación conformada por 20 comunidades indígenas, campesinas y negras que se unieron para fortalecer y defender sus modelos de gobernanza comunitaria y de preservación ambiental.

Los Territorios de Vida son, en muchos casos, tierra sagrada y están arraigados a la identidad, la memoria y la cultura de los pueblos. Según el informe Planeta Protegido 2020, son fuente de alimento, agua y medicina para las comunidades. A cambio, las poblaciones locales protegen los ecosistemas críticos y las especies amenazadas. Poseen un conocimiento ancestral preciso de las especies y del entorno natural. También entienden los ritmos y los climas regionales; las limitaciones ecosistémicas. Conocen las plantas medicinales, la biodiversidad nativa, los buenos suelos para la agricultura y tienen sistemas tradicionales de control de la cacería y uso de los recursos, además de modelos exitosos de agroecología, silvicultura y control de plagas.

Mirá también: La década de la restauración: historias a favor de los ecosistemas

"Su función debe ser reconocida y respaldada por las sociedades latinoamericanas", sostiene el informe que monitorea el progreso de América Latina hacia las metas globales para las áreas protegidas. El fortalecimiento y la promoción de estos territorios fue uno de los objetivos de las Metas de Aichi para cumplir del 2011 al 2020, en el Marco Mundial de la Diversidad Biológica y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Sin embargo, los gobiernos, en muchos casos, amplían las áreas protegidas o crean nuevas sin tener en cuenta a las comunidades locales.

"No hay conservación sin la gente"

"No hay conservación sin la gente", resume Aracelly Jiménez, vocera del Territorio Marino de Vida Chomes, en la costa del Pacífico de Costa Rica. En 2013, el mal de la marea roja -una plaga de un tipo de algas- amenazó la supervivencia de la vida marina y de la población de Chomes, que se dedica principalmente a la extracción de moluscos. "La gente estaba pasando hambre", cuenta Aracelly. Fue así que decidieron organizarse y formar una cooperativa de trabajo y también el Territorio Marino de Vida Chomes.

Aunque la recolección de los moluscos en los manglares está prohibida, ellos sostienen que lo hacen de forma responsable y cuidada. "Extraemos los moluscos en sus tallas apropiadas, recogemos basura, limpiamos y reforestamos los manglares", cuenta Jiménez. 

Su comunidad, con ayuda de expertos, está elaborando estudios ambientales que les permitan continuar su actividad. En 2017 lograron el permiso para extraer pianguas, que crecen bajo el lodo de los manglares. "Queremos que nos otorguen la licencia para recolectar choras y almejas que se extraen de los manglares y los mejillones que están en los bancos de arena de la costa", cierra Jiménez.

Ellos, junto con otras 21 organizaciones costeras, forman parte de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, en Costa Rica, que se dedican a la pesca, recolección de mariscos y moluscos de forma sustentable y tratan de reforzar su voz frente a las presiones de algunos grupos conservacionistas que pretenden prohibir la actividad productiva en las áreas sensibles.

La mayor parte de los espacios territoriales lo forman personas con pocos recursos, cuya principal fuente de alimentación y actividad económica son los peces y los mariscos que extraen del mar, ríos y manglares. "Sin derechos ni de tenencia, ni de acceso al mar, la vulnerabilidad de estas comunidades -indígenas y de pesca artesanal de pequeña escala- se acentúa, y es aún peor en el caso de las mujeres", explica Vivienne Solis, de la ONG Coopesolidar, que lleva años acompañando a la Red. Según la ONG, la posición general de los grupos ambientalistas en Costa Rica es de preservación absoluta. "No suelen considerar el balance necesario que debe de darse entre la conservación y el bienestar de las comunidades locales y pueblos indígenas", afirma Solis.

Mirá también: La comunidad indígena chilena que se enfrentó a la salmonera que arrasa sus océanos, y ganó

Co-gobernanza en Argentina

Aunque los desafíos son muchos y aún falta avanzar en el reconocimiento de las poblaciones que ayudan a la conservación del ambiente, también hay ejemplos de cómo se puede llevar a cabo una gobernanza compartida entre un Territorio de Vida y el gobierno de un país. Los parques co-manejados por las comunidades y el estado, Lanín y Nahuel Huapi, en Argentina, son dos buenos ejemplos.

La co-gobernanza del Parque Nacional Lanín, en Neuquén, se implementó después de un fuerte conflicto entre las comunidades mapuche de la zona y la gestión de Parques Nacionales. En palabras de Jorge Nawel, vocero de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro del consorcio TICCA: "El Lanín se creó en un contexto de amenazas muy graves, porque el Parque quería expulsar a las comunidades, esa situación de violencia desencadenó que los mapuches nos paráramos y ocupáramos la oficina del Parque Lanín durante una semana, y así establecimos un nuevo marco de relación que fue la mesa de co-manejo".

Para la comunidad fue importante que no se les considerara extraños en las tierras donde habían vivido siempre, y además pasaron a ser considerados los mejores guardianes de la biodiversidad, por lo que la alianza se afianzó por años y hasta hoy el Parque Nacional Lanín es gestionado por un Comité Mixto compuesto por ocho miembros de la Administración estatal, ocho miembros de la comunidad mapuche y dos representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. "Se reconoció la preexistencia del pueblo mapuche en esas áreas y comenzó así esta convivencia que lleva 20 años", dice Nawel a Carbono News.

Para la comunidad la política de co-manejo es un tránsito. "Lo que la evolución del derecho exige es que podamos ejercer el control pleno de nuestros territorios, porque tenemos instituciones propias que lo garantizan, tenemos prácticas y conocimientos que son las mejores para esos territorios. Y sin el reconocimiento de esos territorios desaparecemos como pueblo-cultura", conluye el vocero.

Argentina empezó a promocionar estos territorios a finales del 2020, bajo el programa de la ONU de apoyo a los TICCA Actualmente, en el país hay 18 proyectos en las provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Catamarca, Formosa, Misiones y Neuquén. Los Territorios de Vida están conformados por los pueblos mbya guaraní, mapuche, diaguita, kolla, wichi, qom, atacameño, tonokote llutqui, ava guarani y ocloya.

El Programa Pequeñas Donaciones -del Fondo Mundial para el Medioambiente- realizó el primer desembolso, de 15 millones de pesos, que se repartieron entre algunas comunidades de Misiones y Chaco. La Universidad de Buenos Aires, será quien acompañe los proyectos TICCA para que se consoliden como una red nacional.