¿Qué era el INAFCI y qué implica su cierre?

El retroceso en materia ambiental de los últimos meses resulta innegable, pero muchas veces nos quedamos con los titulares y pasan inadvertidos hechos que, aunque menos mediáticos, impactan negativamente, no solo en el ambiente, sino en las personas y en la economía. Este es el caso del cierre del INAFCI, el Instituto de Agricultura Familiar, Campesino e Indígena.

Creado en 2022 fue fruto de un trabajo de décadas en el proceso de fortalecer a la agricultura familiar, campesina e indígena, superando los obstáculos del lobby de los sectores extractivistas y agroexportadores.

Al momento de su creación, Agencia Tierra Viva publicaba: "Con la conformación de instituto se vuelve a reconocer el rol de la agricultura familiar" y destacaba que en los considerandos del documento se recuperan las recomendaciones de políticas para el sector acordados en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se cita la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos e indica que la agricultura familiar campesina-indígena "no solo produce la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad".

Hasta fines del 2023 eran funciones del INAFCI "el elaborar, ejecutar y supervisar planes, programas y acciones dirigidos a atender la problemática de la agricultura familiar, campesina, indígena y de la pesca artesanal, con perspectiva de género y atención especial a los jóvenes, en todo lo que hace al fortalecimiento y crecimiento del sector" y planteaba para el 2024 los siguientes objetivos:

• Fomentar el acceso a la tierra y a procesos de regularización dominial.

• Apoyar el desarrollo productivo y tecnológico, el agregado de valor y la comercialización.

• Promover inversiones en infraestructura y equipamiento rural.

• Realizar la Inscripción y reconocimiento de las familias productoras en el Registro de la Agricultura Familiar.

• Promover la inversión directa para la atención de situaciones excepcionales de urgencias, imprevistos y/o catástrofes sufridas por productores y productoras del sector.

• Promover acciones de prevención y mitigación de situaciones de emergencia por impacto del cambio climático.

• Brindar asistencia técnica, capacitación e investigación.

• Afianzar inversiones para facilitar los procesos de transición agroecológica.

• Impulsar incentivos para el cuidado de los recursos genéticos nativos.

• Implementar normas y prácticas de sanidad e inocuidad en las cadenas de producción de alimentos.

• Promover incentivos a la prestación de servicios ambientales.

• Fomentar el acceso a servicios crediticios y de seguros específicos para el sector.

• Brindar asistencia para la inclusión digital y la educación rural.

• Fortalecer las organizaciones de productores y productoras del sector y de su participación en instancias institucionales de definición de políticas públicas.

En Argentina, la Ley N° 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, para la construcción de una nueva ruralidad en Argentina, promulgada en 2015 y reglamentada en 2023, declaró de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. A través de la misma se busca promover el desarrollo de los territorios rurales de todo el país, reconociendo y consolidando a la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio rural e incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria.

Un punto destacable era la variedad de programas que se llevaban a cabo, entre los cuales se encontraba la formación en el abordaje de situaciones de violencia contra las mujeres por razones de género que desde julio de 2021, en articulación con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que realizaba talleres de prevención y abordaje integral de las violencias por motivos de género desde un enfoque interseccional e intercultural. Esta actividad se encontraba destinada, principalmente a les integrantes de equipos técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de todo el país y formaba parte del proceso de transversalización de la perspectiva de género a todas las áreas de la secretaría.

A pesar de todo esto, en marzo de este año el vocero presidencial anunció que "El Ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y con el Consejo Nacional de Agricultura Familiar". Esta decisión recibió el rechazo de la Federación Agraria Argentina, el Movimiento Nacional Campesino-Indígena Somos Tierra, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Mesa Agroalimentaria Argentina; nucleando a casi todas las organizaciones del sector.

Por su parte, Mario Bazán (Técnico del INAFCI) y Erika Loritz (socióloga e investigadora sobre agricultura familiar), escribieron: "Las asociaciones de productores resaltan el alto grado de compromiso y permanencia en el territorio de los equipos del INAFCI. Los equipos poseen una experiencia acumulada de más de 25 años que les permite tener una lectura profunda de las realidades locales y las necesidades del sector. Destacan la presencia continua en el territorio, con un porcentaje significativo de técnicos viviendo en las mismas comunidades donde trabajan. Son equipos interdisciplinarios, impulsan procesos organizativos autónomos, trabajan en red y articulan con otras instituciones para dar respuesta a las necesidades de los pequeños productores. A través del trabajo en el territorio, los equipos generan una interrelación de reciprocidad entre el Estado y las organizaciones."