Ley de Humedales: "Diputados, es el momento de decirnos de qué lado están"

El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales tiene un largo y penoso derrotero en el Congreso Nacional. En 2013, impulsada por el entonces senador Rubén Giustiniani, se logró una primera media sanción en la Cámara de Senadores, pero luego, al no tratarse, perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Exactamente lo mismo ocurrió en 2016 con un proyecto del ex senador Fernando "Pino" Solanas, que también logró media sanción pero terminó en algún coqueto cajón de la Cámara Baja sin tratamiento alguno. Así se echó por tierra un trabajo de más de tres años que incluyó decenas de reuniones con organizaciones ambientalistas, varias audiencias públicas y el apoyo de un abanico muy amplio de expertos y universidades nacionales.

Ya en noviembre de 2020, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado Leonardo Grosso, emitió un dictamen de un nuevo proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Humedales, luego de un gran trabajo legislativo donde se pudieron unificar varios proyectos de distintos colores políticos. Pero desde esa fecha se encuentra el proyecto cajoneado en la Comisión de Agricultura, afín a los lobbies detractores de la norma.

Con este contexto de obstrucción del debate, la Multisectorial Humedales está protagonizando una actividad cuasi heroica: venirse en caravana de kayaks, remando por el río Paraná, desde Rosario hasta la Ciudad de Buenos Aires. Una travesía histórica de 350 km que culminará hoy cuando marcharán desde Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional para exigir el urgente tratamiento y sanción del proyecto de Ley de Humedales que tiene dictamen en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja. Allí, además, harán entrega de un petitorio, que firmaron más de 400 organizaciones de todo el país, adhiriendo a esta iniciativa.

Ahora bien, si la Ley de Bosques (2007) fue difícil de conseguir por chocar con los intereses del agronegocio como también lo fue más tarde la Ley de Glaciares (2010) por el boicot de la gran minería transnacional, la Ley de Humedales se enfrenta no sólo a estos dos lobbies en conjunto sino también al de la especulación inmobiliaria que ya ha destruido miles de hectáreas de humedales con sus barrios cerrados y que se caracteriza por sus aceitados y silenciosos vínculos con la más variada fauna política.

Mirá también: "Otra vez fuego: en 2021 ya se perdieron 15.000 hectáreas de humedales en el Delta del Paraná y los vecinos denuncian falta de acción estatal"

Los grandes capitales mineros tampoco quieren una Ley de Humedales ya que no solo el oro sino también el litio se encuentran en humedales de altura como las vegas en la Cordillera y los salares del norte argentino que actualmente se explotan de manera incontrolada.

Por su parte, el agronegocio corre permanentemente su frontera sin preocuparse por lo que arrasa con su accionar. Ninguno de estos lobbies acepta límites a su actividad extractiva, ni siquiera una norma, como la Ley de Humedales, que no establece prohibiciones expresas sino una regulación mínima y uniforme para todo el país.

Esta particular conjunción de intereses contra la Ley de Humedales provoca que las resistencias políticas y mediáticas sean enormes, transversales y muy traicioneras. Así, en la Argentina es más gravoso legalmente robar un pan, que -como ocurrió durante la pandemia en nuestro país- quemar un millón de hectáreas de bosques y humedales, que no tiene sanción alguna.

Una de las herramientas que el país necesita para conservar estos preciados ecosistemas es una Ley Nacional de Humedales que, aunque por sí sola no revertirá mágicamente los procesos destructivos del extractivismo, puede convertirse en un punto de inflexión en esta brutal historia para empezar a proteger y conservar uniformemente estos ambientes tan importantes.

Mirá también: "Para la ONU un humedal argentino está entre los más importantes del mundo"

Una correcta Ley debe disponer de pautas mínimas para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales tanto por su valor en sí mismos como para preservar los servicios ecosistémicos que estos brindan. Debe establecer la realización de un inventario nacional y un ordenamiento territorial de los humedales en el marco de un proceso participativo.

Pero tengo que ser sincero, a casi 10 años del primer proyecto de ley, me niego a discutir técnicamente. No es por un problema técnico que no se aprueba. El triple lobby (agronegocio, minero e inmobiliario) no quiere ninguna regulación, por más mínima que sea, como lo es este proyecto que no tiene, siquiera, prohibición alguna. Insisto, los intereses operando son enormes, de primer nivel, muy poderosos, y cada uno tiene sus representantes políticos que -de manera transversal- trabajan en contra del proyecto.

Así, todos los diputados y diputadas son defensores de los Humedales hasta el momento concreto de votar: ahí aparecen las disidencias, las ausencias, las cajoneadas, las miradas para otro lado. Durante el tratamiento parlamentario de 2016, como asesor de Pino Solanas, vi a los lobbies actuar y observé -absorto- a senadores y diputados respondiendo directamente a ellos. No me lo contaron.

En el marco de una crisis sanitaria, ecológica y climática sin precedentes en la modernidad, y con más de 350 mil hectáreas quemadas de humedales solo en el Delta del Paraná, es el momento de que los diputados de todos los partidos nos digan de qué lado están: si están con Barrick Gold, Grupo Irsa, Consultatio, Monsanto, la Sociedad Rural o si están del lado de una legislación que regule y ordene el territorio y proteja los humedales para responder a una creciente demanda social.