Gladys González: "La ley de etiquetado frontal va a salir sin modificaciones y las empresas van a reconvertirse"

El proyecto de ley de etiquetado frontal con octógonos negros consiguió la media sanción en Senadores en 2020, y este año podrá tratarse en Diputados al haber conseguido dictamen de comisiones. Esta ley es resultado de grandes luchas contra los lobbies de diferentes industrias por parte de nutricionistas, cocineros, médicos, activistas y periodistas especializados, entre otras personas y organizaciones.

Con solo 3 votos en contra, en Senadores consiguió el apoyo de 64 legisladores que valoraron su importancia. Entre ellos, Gladys González, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

En una entrevista exclusiva con Carbono News, González dijo que para ella "la ley se aprobará sin modificaciones en Diputados" y que la economía del país y de las empresas mejorará ya que "se reconvertirán y venderán productos saludables como pasó en otros países". La senadora dio detalles de cómo fue el tratamiento de la ley y sus implicancias a nivel social, y además opinó sobre otros temas relevantes: ley de humedales, megafactorías porcinas, agroecología y cupo socioambiental para las preguntas a legisladores que se presentarán a elecciones.

-¿Con qué escenario se encuentra la Argentina respecto a la malnutrición de la población?

-Los datos que manejamos son totalmente preocupantes. Tanto es así que casi 7 de cada 10 argentinos padece exceso de peso. El problema de la obesidad trae enfermedades cardiovasculares y diabetes, entre otras. Si bien las estadísticas del Ministerio de Salud son de 2013 y en ese entonces el 13% de la población padecía diabetes, uno piensa que se fue agravando. Otro dato es que en las últimas dos décadas los argentinos aumentamos el consumo de alimentos ultraprocesados en un 53%, y entre ultraprocesados y procesados, más de la mitad de los alimentos que ingerimos son alguno de estos dos. Además, solo un 6% de la población consume el mínimo necesario de frutas y verduras para decir que es una alimentación sana. También, para mí es fundamental abordar la alimentación en los sectores más vulnerables que tienen menor acceso a la información.

-¿Por qué es necesario regular el etiquetado frontal en la Argentina?

-Nosotros siempre hablamos de tres cosas importantes. Una es la salud pública, la necesidad de poder alimentarnos de manera sana, es un tema de salud, mucho más en época de pandemia. Lo segundo es el derecho a acceder a la información ya que muchas veces no sabemos lo que estamos comiendo. Y tercero es la protección que brinda esta ley de tener libertad real de elegir qué vamos a comprar, en especial, para proteger la salud de nuestros niños. El día en que nuestros hijos elijan una manzana en vez de una galletita oreo habremos ganado la batalla cultural. No es sólo la responsabilidad de las familias, sino también del Estado que te tiene que dar la información clara y generar políticas de prevención y de generación de buenos hábitos.

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-¿Cómo fue el proceso legislativo a la hora de lograr que un proyecto de esta magnitud avance y hoy esté a un paso de ser sancionado? ¿Qué particularidades tiene el proyecto de etiquetado frontal que lo convierten en una política pública sin lugar para la grieta política?

-Estos son temas que nos unen, varios temas hacen que la grieta se deje de lado. Es una cuestión meramente de datos. Hubo casi 20 proyectos presentados de todas las fuerzas políticas o sea que todos de manera individual ya teníamos esa inquietud. Después fue la decisión política de trabajar en conjunto. Es un tema que abarca a toda la sociedad y eso nos unió, y la verdad se siente una satisfacción especial cuando trabajamos en leyes así. También, se ha escuchado mucho al sector productivo.

-La única manera de construir políticas públicas y de estado en la Argentina es cuando hay coincidencia entre todos los sectores políticos de manera tal que cuando los gobiernos cambian, las políticas continúan. Si vota solo la mayoría del oficialismo, cuando cambia el gobierno sabés que esa ley se va a derogar o en algún momento no se va a aplicar.

-¿Cómo se logró el consenso, incluso, teniendo en contra el lobby de algunas industrias como la azucarera o la lechera?

-Yo no concibo este tipo de regulaciones sin el sector productivo sentado al lado de la mesa porque en definitiva ellos van a tener que implementar esta norma. Así, se logró incorporar algunas peticiones que señalaban. Se discutió el tema del contexto, si era el adecuado, pensando que esto iba a generar algún tipo de problema económico y desempleo en el sector productivo, y eso no es así. Primero el contexto puso a la salud por arriba de la mesa frente a una enfermedad como el Covid.

-Además, nos basamos en Chile, el país que lleva más tiempo en la aplicación de la norma. Según un estudio realizado por la facultad de Chile con la universidad de Carolina del Norte, no hubo desempleo en ese lugar sino que hubo, a lo sumo, una transferencia de empleos de un sector a otro porque se crearon puestos en un sector de la economía que empezó a producir alimentos más saludables. También, el informe señala que la mayoría de las empresas se empezaron a reconvertir y dejaron el 50% de la producción tradicional y el otro 50% con productos con valores dentro del rango del perfil alimentario de manera tal que no llevaban sellos. Por lo tanto el sector productivo se va reconvirtiendo. Vamos a poder mostrar que la ley es un beneficio para todos incluso para este sector.

-¿Qué puntos del proyecto son los más sensibles? ¿Cuál es el corazón? ¿Qué aspectos son plausibles a ser modificados?

-En esta instancia en función de las propuestas que escuchamos no hay un margen para modificar nada de lo que ya se ultra consensuó. Lo cierto es que el perfil alimentario elegido es lo que la ciencia dice que tiene que ser, no creo que haya margen para modificar eso. Y sobre el tipo de etiquetado tampoco ya que la propuesta de cambiar los octógonos negros por un semáforo que no lo entiende nadie no es una opción.

-Según argumentos de estas industrias: ¿Es posible que el etiquetado frontal de advertencias tenga efectos negativos en la economía?

-No, muy por el contrario. El gran desafío es que los productos saludables empiecen a ser accesibles. De a poco las empresas se van a ir reconvirtiendo porque hay una demanda ciudadana que empezó antes de la ley. Muchas industrias que también están en otros países que tienen esta regulación ya lo hacen en esos lugares así que cuando les toque acá de manera obligada ya tienen la experiencia y va a ser más fácil.

-En la misma línea: ¿Es posible que el etiquetado frontal de advertencias obstaculice el comercio internacional o genere que los productos argentinos dentro del MERCOSUR tengan inferioridad de condiciones?

-No, eso fue un tema de discusión. Cada país recibe los productos en función a sus leyes así que ahí uno tiene que adecuarse. Es una cuestión de mercado interno y no va a haber problema. Lo pusimos específicamente en la norma.

-¿Estima que, gracias a la sanción de la ley, los consumidores cambiarán a hábitos más saludables?

-Sería el éxito de la norma que podamos lograr este cambio cultural y de hábitos. Si podemos comer bien generando tanto empleo y tanta riqueza de la misma manera, ¿por qué no hacerlo?

-La ley no impide que las empresas vendan sus productos sin cambios. ¿Cree que más adelante se podría legislar algún tipo de prohibición?

-No va a ser necesario. A mí me gusta mucho más el incentivo que la prohibición en general.

¿Qué procesos complementarios deben darse una vez que la ley sea sancionada? ¿En qué tiempos se implementaría la ley una vez sancionada?

-Tras haber escuchado al sector productivo, le dimos tiempo de ir reconvirtiéndose. La ley una vez que entra en vigencia tiene 90 días para que se reglamente y, a partir de ese día, las grandes empresas tienen 6 meses (180 días) para empezar a implementarla. Por su parte, las pymes tienen 180 días más, es decir, un año. Ahora bien, si todas estas empresas le fundamentan pertinentemente al Estado que necesitan más tiempo, este puede prorrogarles 180 días más. Entonces, una empresa grande tendría un año y las pymes un año y medio.

-Además, tienen dos años para cumplir con todos los sellos. Es decir, la implementación del perfil va a ser gradual, de los productos que más sellos deben tener hasta los que menos requieren.

¿Qué otras políticas públicas quedan pendientes para prevenir la malnutrición de la población? ¿En qué ámbitos (escuelas, municipios...) se aplicarían?

-En la norma se habla mucho de la concientización, de hacer campañas de difusión sobre alimentación saludable, y prohíbe la venta de los productos con sellos en la escuela. Eso es muy importante.

-En la ley hay un tema de alimentación de los sectores más vulnerables y tiene que ver con la provisión del Estado de los bolsones de comida. Esto tiene dos caras, una es la desnutrición en la Argentina y otra es la malnutrición. No hay que preocuparse de que solamente las familias tengan un plato de comida en su mesa, sino que esta sea saludable y nutritiva. Uno está acostumbrado a ver que los bolsones de comida que se entregan son fideos, arroz, polenta, todo hidratos de carbono, y casi nula presencia de alimentos frescos. La ley dice que el Estado debe priorizar en sus compras alimentos que no tengan los sellos. Tal vez en el futuro podríamos decirle al Estado que se le prohíbe comprar alimentos con sellos.

-Otra ley nacional que nosotros estamos impulsando tiene que ver con fomentar las huertas urbanas y la agricultura familiar agroecológica con certificaciones gratuitas para estas prácticas sostenibles. No es solamente decirle a la gente "esto tiene un sello negro, no lo compres que te hace mal", sino tambien darle un alternativa accesible y sana que también genere empleos. Tiene muchos efectos positivos: inclusión social para la gente sin empleo, alimentos frescos y baratos, e impacto positivo en el ambiente ya que no se necesita un flete y se elimina el requerimiento de cámaras de frío para almacenar los alimentos ya que son consumidos localmente.

-Hay un programa de agricultura familiar de toda la vida, pero nunca se le dio importancia ni recursos. Entonces necesitamos darle otro empuje aprovechando las tierras y el saber de la gente.

-Considerando estos proyectos en beneficio de alimentos sanos, tenemos una agricultura que usa agroquímicos y hay muchos pueblos fumigados que sufren sus consecuencias. ¿No es necesario también cambiar la matriz productiva actual a una agroecológica?

-Hay muchas iniciativas presentadas y hay muchos temas de agenda en ese sentido. La verdad es que hay una gran parte del sector agropecuario que de a poco ha ido incorporando buenas prácticas tanto en lo que es el cuidado de la tierra con la rotación de los cultivos y cada vez hay más tecnología y más conciencia. Nosotros estamos trabajando con ellos en ir viendo la gradualidad en la implementación de algunas regulaciones. Por eso, presentamos un proyecto de "Buenas Prácticas Agropecuarias".

¿Se trata de reducir el uso de agroquímicos o de eliminarlos y pasarse a la agroecología?

-El proyecto es darle tiempo para que de a poco y gradualmente el sector productivo vaya utilizando mejores prácticas en el futuro. Hay una charla de fitosanitarios que tenemos que dárnosla y en ese marco escuchar qué es lo posible hacer hoy para poder seguir produciendo en la manera en la que producimos, los alimentos que producimos, con el empleo que producimos, sin perjudicar aún más una economía como la nuestra que tiene 40% de pobres, 10% de indigentes y casi un 20% por ciento de desempleo y que depende tanto de los ingresos del campo. El camino es la reconversión final siempre en base a lo que nuestra economía puede ir generando. Cuando uno habla de sostenibilidad no habla solamente de ambiente, sino que también del plano económico y social, entonces encontrar el equilibrio a veces es difícil, pero ya no se puede porque ya es a costa de la gente. Hay cosas que podemos hacer ya y cosas que podemos hacer gradualmente.

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-Ahora hay una gran movilización para que haya un cupo socioambiental en las preguntas para los legisladores en estas elecciones, para impedir las megafactorías de cerdos en el país y por una ley de humedales. ¿Cómo se relacionan estos pedidos de especialistas y activistas con una alimentación y una calidad de vida más sostenible?

-Hace dos años presenté un proyecto de ley para que los temas ambientales sean obligatorios en debates presidenciales y hoy lo son. Es de base que se debata y que se escuche a todos los candidatos decir cuál es su visión sobre el ambiente y el gran tema de la crisis climática. Es una agenda obligada.

-Yo tengo un proyecto de ley de humedales presentado. Estuve en Entre Ríos recorriendo los humedales y vi a un sector productivo que depende del agua de esos humedales, que son reserva de agua dulce. El cambio climático al que más afecta es a este sector. Hay que proteger para que se produzca mejor, nadie quiere prohibir. Esta ley es un tema fundamental para los pescadores, la gente que produce animales, y cereales. Lo que hay que hacer es prevenir porque hay cosas que no tienen que ver con cosas intencionales sino que son claramente por el clima. Hay cosas que se pueden hacer para no estimular los incendios como no dar permisos en connivencia con la política para construir un barrio privado encima de los humedales.

-¿Y qué pensás sobre el proyecto en CABA de construir mega torres sobre un humedal?

-No conozco el proyecto. Tendría que ver cómo es.

-Acá estamos impulsando la ley de evaluación de impacto ambiental y la ley de evaluación de impacto ambiental estratégico. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en perfecto equilibrio entre lo económico, lo social, y lo ambiental.

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-La extracción del litio se hace en salares que son humedales. ¿Cómo se aplicaría ahí la ley para cuidar el agua y a las comunidades, y seguir con el negocio? ¿Se puede hacer de manera sostenible?

-No es una cosa o la otra, no nos engañemos con las falsas dicotomías, es cómo las hacemos. Se necesitan energías limpias para evitar los combustibles fósiles y una de las soluciones es el litio. También se necesita laburar en la producción de hidrógeno y otras alternativas pero tenemos que ir equilibrando, cuidando el agua, los recursos naturales e ir generando economías de transición. ¿Por qué no se ponen impuestos al combustible? Porque atraviesa toda la economía, entonces es cómo vamos desincentivando.

-Necesitamos una transición justa que solucione tanto la pobreza y el desempleo como la crisis climática y ecológica.

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-¿Y qué pensás de las megafactorías de cerdos que tanto rechazo popular generan?

-Lo peor de todo este tema es que no sabemos qué quieren hacer porque lo hicieron a oscuras y lo primero que pedimos es transparencia. El gran título nos aterroriza a todos, pero una vez que sepamos cómo es vamos a poder opinar. Queremos que vengan inversiones pero que no perjudiquen ni al ambiente ni a los alimentos, por eso hemos propuesto las "buenas prácticas agropecuarias".

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-Vos no podés generar una política pública que no tenga en cuenta la sostenibilidad. Cuando los temas ambientales no están sobre la mesa, solo se toman, sí o sí, malas decisiones.