El primer año de Lula termina con resultados ambientales desiguales

El 1ero de diciembre, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, posó junto a alrededor de 130 líderes mundiales para la foto oficial de la COP28 de la ONU sobre el clima, celebrada en Dubái. Dado que Brasil será anfitrión de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém en 2025, Lula fue uno de los cuatro únicos a los que se le concedió el privilegio de intervenir en la apertura de la cumbre, y aprovechó su discurso para decir a los delegados que "el planeta está harto de acuerdos climáticos incumplidos". Es hora, dijo, de "trabajar por una economía menos dependiente de los combustibles fósiles".

Ese mismo día, Brasil asumió también la presidencia temporal del G20, el foro de las mayores economías del mundo. Lula ha dicho que el mandato de un año del país servirá para motivar a sus miembros a comprometerse con una transición energética justa.

Por otra parte, el gobierno brasileño confirmó su adhesión a la OPEP+, una coalición de países productores de petróleo aliados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y para terminar unas 24 horas llenas de acontecimientos, el presidente de Petrobras anunció que espera abrir una filial en Arabia Saudita, después de haber anunciado también su intención de abrir una empresa en China, el mayor consumidor de petróleo brasileño.

Los hechos contradictorios del día estuvieron lejos de ser incidentes aislados en el primer año de gobierno de Lula. Aunque la agenda climática ha cobrado un nuevo impulso tras la administración destructiva y negacionista de Jair Bolsonaro (2019-2022), el discurso de Lula sobre la lucha contra el calentamiento global ha estado a menudo reñido con las acciones de su gobierno. Los analistas también han calificado algunas de sus políticas anunciadas de vagas o insuficientes para hacer frente al cambio climático y a los desafíos socioambientales del país.

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"Brasil realmente va a tener que decidirse", declaró a Diálogo Chino Márcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima, una red brasileña de ciencia climática. "No se puede liderar una agenda climática que necesita atacar los combustibles fósiles y, al mismo tiempo, unirse al club del petróleo. No se pueden tener ambas cosas al mismo tiempo".

Deforestación en la Amazonía

Astrini señaló que, aunque el petróleo es un tema prioritario, sobre todo para un país anfitrión de una COP, es relativamente nuevo en la agenda medioambiental brasileña, que históricamente se ha centrado en la protección de los bosques. En 2023, no fue diferente: ya el 1ero de enero, el recién investido presidente Lula prometió llevar a cero la deforestación en la Amazonia brasileña, región que sufre tasas galopantes de pérdida de bosques.

Durante el mandato de Bolsonaro, hubo un aumento del 60% de la deforestación en el bioma en comparación con el período anterior, de 2014 a 2018, compartido entre los presidentes Dilma Rousseff y Michel Temer, según el análisis de la plataforma Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG). Este fue el mayor aumento en un solo mandato presidencial desde que comenzaron las mediciones en 1988.

La deforestación en la región no sólo ha causado controversia para Brasil en la escena internacional, sino que también tiene repercusiones en las poblaciones locales, la biodiversidad y el clima. Según datos de la SEEG, los cambios en el uso de la tierra representaron el 48% de las emisiones totales de Brasil en 2022, de las cuales el 36% procedían únicamente de la pérdida de selva amazónica.

Para hacer frente al problema, Lula ha relanzado el PPCDAm, un plan de acción para contrarrestar la deforestación y que ya que ayudó a reducirla en un 83% entre 2004 y 2012. El gobierno ha retomado y ampliado las políticas de ese periodo, incluidas las firmes medidas de aplicación de la ley, que habían sido debilitadas por la administración de Bolsonaro.

De momento, ha funcionado, siendo el descenso de la deforestación en la Amazonía brasileña el principal logro que el país tuvo que mostrar en la COP28. De enero a noviembre de 2023, las alertas de deforestación en la selva amazónica se redujeron a la mitad en comparación con el año anterior, lo que ayudó al país a evitar unas 200 millones de toneladas de emisiones de CO2 equivalente, más de lo que Perú emitió en un año. El gobierno también revisó al alza sus objetivos nacionales de reducción de emisiones, las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) al Acuerdo de París, que habían sido reducidas por el gobierno anterior.

Agroindustria y emisiones

Brasil es el sexto país más contaminante del mundo, según datos de la plataforma Climate Watch, con cerca de 1.500 millones de toneladas netas de CO2 vertidas a la atmósfera al año. Por detrás de los cambios en el uso del suelo, la segunda mayor fuente de emisiones es la agricultura, con un 27% del total, según la SEEG. Dado que este sector es responsable de casi toda la deforestación causada en Brasil, esto significa que hasta el 75% de las emisiones brasileñas podrían estar relacionadas con sus actividades, principalmente las ganaderas.

Al mismo tiempo, sin embargo, el agronegocio representa casi una cuarta parte del PIB de Brasil y tiene fuertes bases en el Congreso del país en Brasilia, representado por poderosas bancadas rurales que en su mayoría están alineadas con Bolsonaro.

Hasta ahora, el gobierno de Lula se ha encontrado en varias ocasiones con las manos atadas a la hora de impulsar políticas progresistas desde el punto de vista medioambiental. La disputa más notable se ha producido en torno al llamado marco temporal, una propuesta que sólo reconocería las reclamaciones de las comunidades indígenas sobre sus territorios si las ocupaban en 1988, año de la actual Constitución brasileña. Las bancadas agraria y rural del Congreso han respaldado firmemente el proyecto de ley con el argumento de aumentar la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra. En octubre, Lula había recurrido al veto presidencial para bloquear partes del proyecto de ley que habrían establecido estos límites, pero la semana pasada el Congreso lo anuló en una votación.

Al comentar la inminente derrota del proyecto de ley antes de la votación, mientras aún se encontraba en la COP28, el presidente comparó a los representantes pro-agronegocios del Congreso con "zorros que vigilan nuestro gallinero".

Casi simultáneamente, el Senado brasileño aprobó una propuesta bautizada por los críticos como "Ley Veneno", que acelera el registro de pesticidas en el país. El texto tuvo que ser negociado por el gobierno de Lula con la oposición como moneda de cambio para la aprobación de sus medidas económicas. Mientras tanto, el ritmo de nuevos registros de pesticidas bajo la actual administración ya estaría a la par con el del gobierno de Bolsonaro y supera el de cualquier mandato anterior del Partido de los Trabajadores de Lula, según el diario Folha de São Paulo.

A pesar de las recientes reducciones en la Amazonía, las tasas de deforestación siguen siendo elevadas en el Cerrado. Entre agosto de 2022 y julio de 2023, la pérdida de 11.000 km2 de bosque en este bioma, donde avanza la frontera agrícola del país, provocó la emisión de 159 millones de toneladas equivalentes de CO2. El año que viene, el gobierno tiene previsto lanzar una estrategia similar a la aplicada en la Amazonía.

Aun así, siguen faltando propuestas más concretas para cambiar significativamente la trayectoria de las emisiones agrícolas, según un informe del Instituto Talanoa, organización brasileña de política medioambiental, que hizo un balance de los avances del país en materia climática en 2023.

El documento menciona el anuncio del Plan Safra 2023/24, un programa gubernamental que ofrece la cifra récord de 435.000 millones de reales (88.000 millones de dólares) en ayudas financieras para la agroindustria y la agricultura familiar, aunque, al parecer, sólo el 0,5% de este presupuesto se ha reservado para la agricultura con bajas emisiones de carbono. El informe también señala la lentitud en torno a una política de fertilizantes bajos en carbono que sigue en discusión, así como la necesidad de impulsar los compromisos para reducir las emisiones de metano, que aún carecen de un plan concreto. Talanoa destaca que la ganadería sigue siendo la principal fuente de emisiones de la agricultura brasileña, ya que la digestión del ganado libera metano, un gas que puede ser más de 80 veces más potente que el CO2 en su efecto de calentamiento.

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Durante la COP28, Brasil lanzó su esperado Plan de Transformación Ecológica, del que también se dijo que carecía de sustancia. "Creo que es la cuarta o quinta vez este año que oímos que se ha lanzado", dijo Natalie Unterstell, presidenta de Talanoa, añadiendo que se trataba una vez más de "un anuncio vago".

"No sabemos qué es, cuánto cuesta, quién lo va a hacer, cómo, cuándo, para qué. Así que no tiene los elementos necesarios de una política pública de transformación", dijo Unterstell.

Mientras tanto, el lobby de la carne vacuna fue el centro de atención de la COP28. Antes de la conferencia, The Guardian informó que los gigantes del sector, incluida la brasileña JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, planeaban tener una gran presencia en la conferencia, con el objetivo de presentar una imagen de sostenibilidad.

The Guardian señaló que en la cumbre COP27 del año pasado, JBS tuvo acceso a las negociaciones porque llegó como parte de la delegación brasileña bajo el gobierno de Bolsonaro. Este año, a pesar del cambio de gobierno, ocurrió lo mismo: los grupos de presión del agronegocio viajaron como parte de la delegación oficial, incluidos representantes de JBS, que participaron en el lanzamiento de un plan gubernamental.

"Me parece estupendo que Brasil integre a todo el mundo en la delegación", declaró André Corrêa do Lago, principal negociador del país en la COP28, en una rueda de prensa pocos días antes de partir hacia Dubái. "Esto siempre ha sido extremadamente útil".

Márcio Astrini afirmó que el debate sobre el clima debería estar abierto a todos los que quieran presentar soluciones, pero no es eso lo que ve en las acciones de la agroindustria brasileña: "No tiene sentido que vengan aquí [a la COP28] con 500 personas y firmen un montón de documentos, porque todo el mundo sabe que cuando vuelven a Brasil, sus acciones en el área medioambiental son acabar con la legislación, apoyar el crimen medioambiental, apoyar la destrucción de los bosques. Son un tormento constante para la protección de los bosques en Brasil".

Las cifras de la industria fósil también llegaron en tropel a la COP28, con más de 2.400 representantes, incluidos al menos 68 de Petrobras, según Kick Big Polluters Out, una coalición de más de 450 organizaciones internacionales. La cifra es casi siete veces superior a la de los representantes de los pueblos indígenas, afirma la coalición, que contó con 316 delegados.

Sônia Guajajara, la primera ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, declaró en la conferencia que esta representación suponía un "paso adelante", señalando que un tercio de los indígenas presentes procedían de Brasil. "Por supuesto, esto sigue siendo poco teniendo en cuenta el tamaño de la población indígena en el mundo, y el trabajo que hacemos para proteger el medio ambiente, pero estamos avanzando".

¿Un gobierno representativo?

Guajajara, que asumió el nuevo ministerio en enero, destacó que hoy los indígenas están mejor representados en el país que antes, con líderes que ocupan cargos en el Legislativo, en la llamada "bancada de los tocados", y en el Ejecutivo.

Pero para un presidente que, en su toma de posesión, subió la rampa del Palacio de Planalto, en Brasilia, acompañado por representantes de diversos grupos sociales, el resultado de un año de mandato es, para muchos observadores, frustrante: la proporción de mujeres y brasileños negros en puestos de poder en el gobierno de Lula sigue siendo la misma que durante el gobierno de Bolsonaro. No se encontraron datos sobre la representación indígena.

Los líderes indígenas que apoyaron la elección de Lula siguen reclamando una mayor atención a sus poblaciones. El líder y activista indígena Beto Marubo afirma que hay "buenas intenciones y más diálogo" en el nuevo gobierno, pero que también hay "incoherencias", como la renuncia a las agendas medioambientales y las alianzas realizadas con políticos polémicos, como Helder Barbalho, gobernador del estado de Pará, que acogerá la COP30 en 2025, pero que también ostenta el récord de deforestación.

En enero, una delegación del gobierno desembarcó en el valle del Javarí, en la Amazonía, tierra natal de Marubo y donde fueron asesinados en 2022 el activista indígena Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips. La delegación prometió una mayor presencia del Estado en la región para avanzar en el desarrollo social y luchar contra el crimen organizado. "Pero hasta ahora las cosas no han avanzado, al contrario, el Estado sólo ha emprendido acciones muy puntuales, incluso ante una situación que ha tenido repercusión internacional", afirmó Marubo.

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La situación es similar para el pueblo yanomami, que se enfrenta a una crisis humanitaria vinculada al avance de la minería ilegal en su territorio. En enero, las autoridades, incluido el propio presidente Lula, acudieron a la región prometiendo medidas firmes. Aunque las operaciones de inspección expulsaron a miles de mineros de la región en los primeros meses del año, ya están empezando a regresar y amenazan algunas aldeas.

Los mineros del oro "están viendo la debilidad del Estado brasileño", dijo el líder indígena Júnior Hekurari en una audiencia pública de la fiscalía la semana pasada. "Dentro de poco volverán a tomar el territorio indígena yanomami e impedirán que prestemos asistencia sanitaria a estas comunidades".

Lula apuesta por el petróleo

Aunque el gobierno ha carecido de margen de maniobra político para promover los derechos indígenas frente a las agendas más conservadoras del agronegocio, en el caso de la exploración petrolífera, el gobierno de Lula ha participado directamente en su impulso.

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El petróleo es un área familiar para el presidente, que respaldó la exploración petrolífera en las capas profundas del presal que bordean la costa de Brasil durante sus dos primeros mandatos, entre 2003 y 2011. "Este es el mayor motivo de nuestro orgullo, más que el carnaval, más que el fútbol", dijo Lula en 2010, durante la inauguración de la primera plataforma comercial del presal. Desde entonces, las reservas de petróleo en alta mar del país han atraído la atención de inversores internacionales, incluida China.

A pesar de la oposición de su propio gobierno, Lula ha defendido la investigación de prospecciones petrolíferas en la desembocadura del río Amazonas, que podrían suponer riesgos para la biodiversidad e incluso anular las ganancias de emisiones de Brasil por la reducción de la deforestación en la selva amazónica. El sector energético es actualmente la tercera fuente de emisiones del país, según datos de la SEEG, con un 18% del total de emisiones de CO2 equivalente en 2022.

Días antes de la COP28, Petrobras lanzó su plan estratégico para aumentar la producción de petróleo, mientras que en los días posteriores a la conferencia sobre el clima, la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil subastó 192 áreas para la exploración de petróleo y gas natural, incluida la Amazonía.

Así, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva -recientemente elegida como una de las voces ecologistas más influyentes del mundo por las revistas Nature y Time- pasó gran parte de su tiempo en la COP28 respondiendo repetidamente a preguntas sobre el dilema de Brasil respecto al petróleo y el clima.

"Brasil, como todos los países que son productores de petróleo, se enfrenta a esta contradicción", dijo Silva al canal de televisión Globo News al comienzo de la COP28, añadiendo que el país no quiere "promover el desequilibrio del planeta, hasta el punto de comprometer la vida, los procesos económicos y este Armagedón medioambiental que es el cambio climático".

*Publicado originalmente en Diálogo Chino