¿El azote de las inundaciones puede evitarse?

El cambio climático impone patrones de lluvias que se modifican drásticamente. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las lluvias extremas y las inundaciones han aumentado en más de un 50% a escala planetaria durante esta última década y actualmente se están produciendo a una tasa cuatro veces mayor que en 1980. En Argentina, desde la misma fecha, la cantidad de eventos pluviales extremos se ha triplicado y los fenómenos severos recientes ponen de relieve la necesidad de mejorar la gestión del riesgo.

Según las proyecciones del Quinto Informe de Evaluación (AR-5) del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la frecuencia de los eventos de precipitaciones extremas aumentará. Y los impactos socioeconómicos negativos previstos, sobre la producción agrícola, las alteraciones en la infraestructura (cursos de agua, producción de energía hidroeléctrica, carreteras y ferrocarriles), los efectos del calor en la salud, las inundaciones y la mayor carga de morbilidad, se incrementarán notablemente.

Las crisis climáticas afectan el bienestar de la población de distintas maneras, por ejemplo, a través de la microeconomía de los hogares al provocar la pérdida de activos e ingresos, generando aumento de pobreza; y a través de la macroeconomía, provocando así cambios en los precios, en los ingresos y el gasto públicos o en las exportaciones; o por último, a través de otros factores no monetarios impulsores del bienestar, como la salud, la educación y la cultura.

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Tenemos una tendencia creciente en las precipitaciones y caudales extremos, que conlleva a mayores riesgos de inundación a escala regional. De acuerdo al Informe del IPCC, es muy probable que sean más intensos y frecuentes los episodios de precipitación extrema en la mayoría de las masas terrestres de latitud media y en las regiones tropicales húmedas (gran parte del territorio argentino).

Para las zonas urbanas, las proyecciones indican que el cambio climático hará que aumenten los riesgos para las personas, los recursos, las economías y los ecosistemas, incluidos los riesgos derivados del estrés térmico, las tormentas y precipitaciones extremas, las inundaciones continentales y costeras, los deslizamientos de tierra, la contaminación del aire, las sequías, la escasez de agua, la elevación del nivel del mar y las mareas meteorológicas. Los riesgos se agravan para las personas que carecen de infraestructuras y servicios esenciales o viven en zonas expuestas.

El hábitat humano es un sistema complejo. Analizando y actuando sobre los diferentes subsistemas que lo integran, si queremos evitar, disminuir, o al menos mitigar el riesgo vinculado a las inundaciones, y con ello la probabilidad de sufrir daños y pérdidas futuras asociadas al impacto de eventos físicos externos sobre una sociedad significativamente vulnerable, urge superar las miradas miopes y las incomprensiones de quienes tienen el deber de custodiar las vidas, el bienestar y los bienes comunes de todos los argentinos.

Los desastres no son producto de la fatalidad, sino que están "asociados a condiciones de riesgo gestadas socialmente y que son propias de la sociedad industrial moderna" (Claudia Natenzon y Diego Ríos). En la construcción social del riesgo "se reemplaza la idea de desastre como algo anormal y/o contingente que se presenta en una sociedad ajustada y equilibrada, por una visión de desastre como un momento concreto de lo normal, un aspecto de la vida cotidiana de la sociedad" afirman los mismos investigadores. 

Hay quienes contrarían estos enfoques y teorizan que es posible superar la crisis ambiental con la modernización del Estado y el mercado. Lo cierto es que sus postulados invisibilizan las cuestiones políticas y económicas que están en la esencia de los problemas ambientales. Cuando la base material que da lugar a la ocurrencia de estos eventos no forma parte de la explicación, el desastre es sólo concebido como resultado, como situaciones de crisis, disrupción, muerte y pérdida de bienes materiales (es decir, la visión aún predominante).

Por el contrario, los estudios históricos sobre los riesgos permiten comprender los procesos que participan de la gestación de esas condiciones, especialmente, aquellas relacionadas con la vulnerabilidad social que, por lo general, se consolidan y reconfiguran hasta el momento en que se desencadena el desastre. Así, los riesgos de desastres pueden ser concebidos como procesos que se configuran históricamente. Entonces el problema ya no debe enfocarse tanto en el evento de ocurrencia del desastre y la respuesta (administración del desastre) sino en el riesgo que predispone el mismo, el cual es construido socialmente. Lamentablemente en nuestro país esta evolución en la comprensión del desastre no tiene todavía demasiada injerencia en la toma de decisiones de quienes tienen el deber de prevenirlas y gestionarlas.

Para comprender estos procesos, Claudia Natenzon y Diego Ríos en "Riesgos, catástrofes y vulnerabilidades. Aportes desde la geografía y otras ciencias sociales para casos argentinos" (2015) formulan cuatro componentes del riesgo: peligrosidad, vulnerabilidad, exposición e incertidumbre. La peligrosidad está vinculada con el aspecto físico-natural del evento desencadenante, cuanto más se conozca mejor se podrá interpretar y actuar en consecuencia. La vulnerabilidad social hace referencia a la situación socioeconómica diferencial de la sociedad previa al impacto. La exposición muestra una mezcla de peligro y vulnerabilidad social en el territorio, es decir que es necesario conocer la distribución de la población y su vinculación con los sistemas físico-naturales preexistentes, estas tres dimensiones tienen aspectos que no se conocen y son los que generan la incertidumbre, en el cual intervienen agentes claves, un conjunto de actores sociales privados y públicos, individuales y organizacionales que son protagonistas de la constitución del riesgo y de los desastres.

¿Qué tenemos que hacer, entonces, para evitar o al menos disminuir los daños de los impactos que generan las inundaciones? La respuesta está en una Planificación Territorial adecuada, flexible, segura e integrada, enfocada a la mitigación de todos estos eventos descritos. Capaz de resolver las deficiencias en la gestión hídrica y de los ecosistemas, de minimizar los impactos y aumentar la resiliencia de ciudades y comunidades rurales frente a estos eventos. Una real planificación y gestión integrada. Para ello, necesitamos:

1. Zonificación y regulación responsable del uso del suelo: establecer los usos y normas urbanísticas que determinan qué tipo de desarrollo puede llevarse a cabo en diferentes áreas. Evitar destinar áreas inundables (llanuras de inundación y humedales), como zonas de expansión urbana residencial o para infraestructuras de transporte. Evitar la construcción en áreas de alta peligrosidad de inundaciones para no generar nuevas áreas de riesgo. Se protege así a las comunidades y se evitan daños innecesarios, que van desde la humedad e insalubridad en las viviendas hasta su completa destrucción por la inundación.

2. Infraestructura azul-verde: fomentar la integración de las soluciones basadas en la naturaleza, con infraestructuras seguras y flexibles, tales como parques fluviales, conservación de humedales, áreas verdes con drenaje filtrantes, restauración de riberas de ríos y sistemas de drenaje urbano sostenible. Es decir, infraestructuras que se pueden inundar y luego recuperarse, aumentando sus beneficios sociales, que pueden ayudar a absorber y retener el agua de lluvia, reduciendo la cantidad de agua que fluye hacia los sistemas de drenaje y conducir el agua disminuyendo el riesgo de inundaciones. Es necesario adaptar las infraestructuras existentes inadecuadas, como lo demuestran los cortes en las carreteras y en las líneas férreas. Los corredores de transporte pueden transformarse en infraestructuras multipropósito; es decir, permitir la movilidad de personas y de carga y, al mismo tiempo, actuar como soporte para infraestructuras verde-azules. En esta línea, la ampliación de una carretera o el potenciamiento de un eje ferroviario pueden ser oportunidades para realizar estructuras para el manejo de aguas residuales. Todo ello permitiría anticiparse a los efectos del cambio climático interviniendo en las zonas potencialmente más impactadas, reduciendo además el costo futuro de las reparaciones de daños.

3. Ordenamiento territorial: emplazamiento adecuado de infraestructuras críticas, tales como hospitales, escuelas y servicios de emergencia, los cuales evidentemente deben estar lejos de áreas propensas a inundaciones. Los servicios esenciales críticos no deben ser interrumpidos y se debe asegurar el acceso de las personas al agua potable y al refugio necesario. Al mismo tiempo, es necesario evitar que las viviendas se encuentren en zonas de amenaza hidrometeorológico. Es urgente disponer de mapas de inundación detallados, y mejorar el acceso a esa información territorial por parte de la población que adquiere un terreno o compra una vivienda. Combinar con normas de construcción resistentes a las inundaciones en sectores con amenazas bajas o poco frecuentes. Se requiere un ajuste sustantivo del marco legal.

4. Sistemas de alerta temprana y gestión de emergencias: promover la implementación de sistemas de alerta temprana, planes de gestión de riesgos y de emergencias efectivos, con mayores recursos para los municipios. Que permitan una respuesta rápida y coordinada ante las inundaciones, lo que puede salvar vidas y reducir los impactos a largo plazo. Un Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres sería un desafío de integración y de complementación.

5. Educación y participación comunitaria: incluir programas de educación y concientización sobre los riesgos de inundaciones y las medidas de mitigación. Promover la participación activa y generalizada de la comunidad en la planificación y toma de decisiones aumenta la conciencia colectiva, la capacidad de adaptación, y la capacidad de respuesta, lo que puede salvar vidas y reducir los daños. Es importante aumentar la resiliencia de las comunidades expuestas al riesgo de inundación y las multiamenazas, trabajando con ellas en planes de acción frente al riesgo de desastres, y tomando en cuenta las desigualdades presentes en los territorios. Las amenazas no están afectando de manera similar a todos, y en muchos casos, las poblaciones más vulnerables están más expuestas.

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En conclusión: en Argentina el azote de las inundaciones sí puede evitarse, para lo cual, necesariamente, debemos cambiar de dirección y superar el anacronismo y la insustentabilidad de los enfoques de las acciones de administraciones anteriores o bien el sálvese quien pueda de las presentes.