Activistas chilenos demandaron a la empresa francesa proveedora de agua por dejar sin abastecimiento a una ciudad entera

Fueron cuatro las organizaciones que demandaron ante la justicia de Nanterre a la empresa francesa SUEZ, que dejó sin suministro de agua por un derrame de hidrocarburos a la ciudad de Osorno en 2019, provocando que se decretara una alarma sanitaria en la ciudad.

El pasado 7 de junio, cuatro ONG demandaron a la multinacional francesa SUEZ, quien controla casi la mitad del mercado de suministro de agua en Chile ante el Tribunal de Nanterre por incumplir el deber de vigilancia en los servicios prestados. En 2019, la empresa dejó sin suministro de agua potable a 150.000 habitantes de la ciudad del sur de Chile, Osorno. La razón: un vertido de 2000 litros de petróleo en la planta potabilizadora de la empresa. Los hidrocarburos contaminaron la red de agua potable que abastece a 49 000 hogares de la localidad. Además, la contaminación se extendió, afectando también a los ríos Rahue y Damas.

Mirá también: La Justicia obliga a Shell a reducir sus emisiones en un fallo histórico para el movimiento climático global

La alerta sanitaria

Hospitales, centros de salud y de diálisis, residencias geriátricas y escuelas se quedaron sin agua potable durante 10 días, lo que provocó que se decretara el estado de alerta sanitaria en la ciudad. Según comentan los demandantes la crisis sanitaria se agravó porque se tardó en instalar puntos de abastecimiento de agua alternativos por parte de ESSAL, la filial local controlada por SUEZ. Además, según ellos, posteriormente no se llevó un seguimiento de los afectados ni se realizaron estudios epidemiológicos para evaluar el número de víctimas.

La empresa había sido sancionada por instituciones chilenas en varias ocasiones por deficiencias en el suministro, como interrupciones frecuentes de los servicios, contaminación de las aguas y aguas de mala calidad. Según José Aylwin, referente del Observatorio Ciudadano, una de las organizaciones demandantes, a la empresa le interpusieron la multa más grande de la historia de las empresas en el país, por un monto cercano a 1,800 mil euros que tenía que pagar la empresa al estado. En otra oportunidad también se le obligó a la empresa a conmutar el pago de los servicios de varios meses por el daño causado.

"Todas las acciones domésticas fueron para la filial local: ESSAL, pero esta demanda es contra el grupo Suez porque queremos hacer valer la responsabilidad de las empresas matrices en hechos vulneratorios de derechos humanos de sus filiales. En un mundo globalizado en el que vivimos, generalmente los estados del norte global tienen sus filiales en el sur global, entonces se produce una brecha porque no se puede aplicar el marco doméstico a las multinacionales extranjeras, pero sí en sus países matriz. En este caso, Francia además tiene una ley especial, la de debida diligencia en materia de derechos humanos", explica Aylwin a Carbono News.

Es por eso que desde el Observatorio Ciudadano y la Red Ciudadana Ambiental de Osorno junto con la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Liga francesa de derechos humanos usaron esta ley que obliga a las grandes empresas a establecer un plan de vigilancia anual en materia de derechos humanos donde se identifican los riesgos y las compensaciones en caso que estos sean afectados.

Mirá también: Vaca Muerta: avanza la causa de contaminación por residuos petroleros

La ley de debida diligencia francesa requiere que primero se notifique a la empresa y se le pida que actualice su plan para abordar contingencias como la que ocurrió en Osorno. Según el referente del Observatorio Ciudadano, la organización sostuvo dos reuniones antes de que la empresa actualizara el nuevo plan, sin embargo, la compañía se centró en el cambio climático como factor de riesgo para las deficiencias en el suministro y no se pronunció sobre la contaminación. "Tuvimos que recurrir a la justicia francesa, para que la empresa consulte a las comunidades para actualizar su plan para prevenir y mitigar las violaciones de DDHH en Osorno en un plazo de 6 meses", relató Aylwin.

"Queremos mecanismos concretos para que lo que sucedió en Osorno no vuelva a repetirse en otros municipios de Chile y que si se producen daños por la violación de DDHH se establezcan mecanismos de compensación económica o de otra índole", sumó el referente.

La compañía SUEZ vendió sus activos a una empresa de capitales canadienses,una decisión que fue entendida por las organizaciones como "una manera de evadir las responsabilidades", la demanda busca que SUEZ, que sigue operando en otras localidades de Chile, controlando en torno al 40% del mercado del agua y opera en otros muchos países, mejore su protocolo para evitar las negligencias.

Un bien escaso y privatizado en Chile

En algunas zonas de Chile no cuentan con agua de forma suficiente y según lo que establecen los acuerdos internacionales. Además, el estrés hídrico empeorará por el cambio climático. Algunos colectivos ambientalistas, como Modatima, llevan alertando durante muchos años sobre la privatización del agua. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, una zona donde el agua escasea, se cultivan paltos a gran escala, una plantación lucrativa que necesita agua en abundancia, mientras que las localidades de la zona no disponen de este recurso.

Según uno de los referentes ambientales más importantes de Chile y el actual gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, Chile paga las tarifas más altas de América Latina para consumir agua potable, que es de propiedad de grandes empresas transnacionales. "El grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de los profesores de Ontario (Canadá) controlan el 90% del suministro de agua potable", dijo el gobernador en una entrevista con Civicus. Así lo estableció la Constitución chilena de 1980. "La Constitución chilena determina que un porcentaje mayoritario de las aguas sanitarias sean proveídos por privados", afirmó Aylwin. Algo que caló en la opinión pública hasta convertirse en uno de los principales temas a tratar durante el proceso constitucional chileno de este año, donde se espera que el agua vuelva a ser de los chilenos y las chilenas.