¿De qué se trata el proyecto de Ley de Movilidad Sustentable que propone Alberto Fernández?

En plena visita a la planta de la automotriz Toyota Argentina, en la localidad bonaerense de Zárate, el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, presentaron el proyecto de Ley de Promoción de la Movilidad Sustentable.

Durante el recorrido junto a empresarios del sector automotriz, los funcionarios prometieron que el proyecto "generará en los próximos 10 años inversiones por 8.300 millones de dólares y 21.000 puestos de trabajo".

El encargado de dar detalles sobre el texto que envió el Ejecutivo al Congreso de la Nación, fue el ministro Kulfas quien explicó: "La Ley surge del trabajo del Consejo Económico y Social (CES) y es un plan a 20 años que requiere de los consensos necesarios para que la Argentina sea una gran plataforma sudamericana y regional de fabricación de vehículos eléctricos y sus baterías y que podamos industrializar en la Argentina las materias primas".

Por su parte, Gustavo Beliz, afirmó que "el país requiere de esta visión de futuro y una mirada estratégica y por eso el proyecto va a ser discutido en el Parlamento para poder trazar ese horizonte de políticas de Estado".

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Por su parte, el titular de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) y presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, manifestó: "La industria automotriz genera más de medio millón de empleos en la Argentina y no puede perder el tren de la movilidad sustentable", y agregó: "Estoy seguro que lo vamos a trabajar juntos, como lo hemos hecho para salir de la pandemia y para duplicar este año las exportaciones".

Lo que dice

Concretamente, la propuesta impulsa la creación de un régimen promocional que incluirá beneficios impositivos, nuevas instituciones y financiamiento a largo plazo.

Además, se propone estimular la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados con fuentes de potencia no convencionales lo que, según defendieron desde el Gobierno, "incrementará el aporte de la Argentina a la lucha global contra el cambio climático".

El régimen promocional incluye beneficios para la demanda, por ejemplo, "quienes compren vehículos eléctricos tendrán un bono verde que podrán descontar de manera directa del precio del vehículo, de artículos auxiliares como los cargadores, y se removerá de la base imponible de bienes personales a dichos vehículos". Y lo mismo, prevé beneficios para la oferta, que incluye terminales, autopartistas, fabricantes de baterías y cargadores, temporales, con una duración de 20 años, y decrecientes en el tiempo para acelerar las inversiones.

De aprobarse la norma, y según proyectaron desde el Gobierno, "para el año 2030 se proyectan inversiones por 5.000 millones de dólares en terminales automotrices, lo que generaría 12.500 puestos de trabajo; por 1.500 millones de dólares en sectores autopartistas, que implicarían la creación de 6.000 empleos, y por 1.800 millones de dólares en el rubro de fabricantes de baterías, con 2.500 puestos de trabajo nuevos".

"En ese escenario de inversiones por alrededor de 8.300 millones de dólares, se generarían exportaciones por 5.000 millones de dólares, y se espera obtener un ahorro acumulado de 10.7 millones de toneladas de CO2 equivalente", sumaron desde el Gabinete de Fernández.

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Además de los beneficios impositivos y de las inversiones, el proyecto propone la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable con una institución de I+D (Investigación y Desarrollo) con programas promocionales específicos, que buscará promover el desarrollo científico, tecnológico y volcarlo al sistema productivo del sector.

Prohibiciones

En el articulado del proyecto se plantea que desde el año 2041 no podrán comercializarse vehículos con motor de combustión interna nuevos en el territorio nacional, y cubre toda la movilidad terrestre, ya sean móviles livianos, medianos, pesados, de pasajeros, de carga, la micro movilidad, o los experimentales, entre otros.

Para cumplir con tales exigencias, el proyecto propone la creación de un Fondo Fiduciario de la Movilidad Sustentable (FODEMS) que garantice la disponibilidad y sustentabilidad de financiamiento que requerirá el régimen a lo largo de sus 20 años, que tomaría fondos de diversas fuentes y los aplicaría a la inversión necesaria para la reconversión.