La brecha de electrificación en Perú: la fuente para negar otros derechos

A principios de diciembre de 2022, 14 casas fueron arrasadas por el fuego en el asentamiento Los Manglares, al sur de la ciudad de Piura. Las casas que quedan en pie tienen colores vivos, algunas son de triplay, adobe, petates y calaminas; están lejos de la pista. Para llegar a ellas hay que cruzar una pampa de tierra, una distancia grande.

No hay veredas ni asfalto en las calles, los postes de alumbrado público se separan cada vez más, y los viejos algarrobos empiezan a ganar terreno. En una esquina, borbotea solitario un caño que cumple la función de pila popular. A su alrededor, una decena de niños aguardan con baldes en mano, pronto se irá el agua, ya casi son las 2 de la tarde.

De pronto el sol de Piura se posa sobre las nubes y es arisco, hoy se han pronosticado 25 grados de temperatura; el calor se cierne sobre los habitantes de la ciudad, pero golpea más fuerte a quienes pueblan la periferia, y abrasa más cuando se vive bajo un techo de calaminas.

Las estrechas calles de tierra que atraviesan Los Manglares están solitarias. Allá se pueden ver los pisos manchados con hollín, los fierros retorcidos y las paredes negras; todo ello es el testimonio de la furia ciega del fuego.

"Solamente se vieron las llamas, la gente corría de un lado a otro, y míranos ahora, ya no tenemos nada, mis hijos han perdido sus útiles escolares, ya no podrán ir a la escuela", cuenta Jorge Suárez, quien tiene una bruma de tristeza en la mirada. Las donaciones que han recibido consisten en carpas, utensilios de cocina y algunas latas de atún.

La data oficial sobre los registros de incendios en la ciudad es contradictoria e inexacta. En el 2022, de acuerdo a los datos del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial Piura (COEP), han acontecido 52 incendios urbanos en Piura, pero el Instituto Nacional de Defensa Civil reporta 32 en su plataforma web. Algunos no aparecen en ninguna de las listas, por lo que el subregistro podría ser considerable. Además, en el 2021 se detectaron 89 incendios.

De esa forma, queda en evidencia cómo la precariedad energética a la que están sometidos estos sectores son un antecedente importante para explicar el gran número de incendios que ocurren en la ciudad.

Cinco días después del incendio en Los Manglares, el 01 de noviembre, se volverían a alzar las llamas en el asentamiento humano Las Praderas, y 18 días después, ocho familias perderían sus hogares en un incendio ocurrido en el centro poblado La Legua, ubicado a 10 minutos de la ciudad de Piura.

Las oportunidades negadas

En la mayoría de los asentamientos humanos, al igual que en Los Laureles y los pueblos lejanos de Perú, no hay acceso domiciliario al agua potable, mucho menos calefacción y varias veces la energía eléctrica es traída hasta allí clandestinamente o se la reemplaza por el fuego tenue e inestable de las velas y los mecheros.

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Esta es una apuesta con la suerte que se repite en más de 40 mil viviendas de la zona urbana y 21 mil de la zona rural de Piura sin conexión al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, de acuerdo a Electronoroeste (ENOSA), la distribuidora local de electricidad. A nivel nacional, las cifras no son alentadoras, la brecha rural es de 18,24% (281.503 viviendas) y en zonas urbanas la brecha es de 9,93% (471.752 viviendas) sin suministro eléctrico.

Esto también se ve en otros lugares de América Latina y el Caribe, donde aproximadamente el 15 % de la población que reside en viviendas precarias no accede a la electricidad.

Un ejemplo clave de precariedad energética en la ruralidad se puede encontrar en el centro poblado de Santa Ana-ubicado en Tambogrande y a una hora de la ciudad de Piura-, específicamente en uno de sus sectores: Los Rufinos. Aquí más de 40 familias no han accedido jamás a la energía eléctrica. El alcalde de Santa Ana, John Pacherres, declara que desde hace 90 años el problema no ha tenido solución, y añade que está dispuesto a apostar por algún proyecto de energía híbrida (eólica o solar) para encontrar una salida rápida y sustentable a su problema.

"En Los Rufinos no tienen luz [energía eléctrica] porque se requiere de un transformador, pero la zona no tiene carretera que permita trasladar el equipo y los postes de alumbrado público. Tampoco tienen agua potable en sus casas. El pueblo se ubica en una loma arenosa en medio del Bosque Seco y cocinan con leña o keronese y se alumbran con lámparas o linternas. Si alguien posee un celular debe cargarlo en un sector vecino, usualmente les cobran por esto. Y cuando por la cuarentena el gobierno decretó que las clases sean virtuales, los niños de allí sufrieron como no tienes idea", cuenta Pacherre, quien es el primer graduado de la universidad pública de Piura en toda la historia de Santa Ana. Esto demuestra que acceder a la educación en condiciones adversas puede generar un gran retraso generacional.

Un dato importante a señalar es el uso del kerosene y la leña como fuentes energéticas, lo que es sumamente peligroso porque, en concordancia con un informe del Instituto de Salud Global de Barcelona, realizado en otro país, quienes usan kerosene se exponen en un 81% al carbono negro que es perjudicial para el medioambiente y la salud (asociándose a la tuberculosis, infecciones respiratorias, etc.). Además, el uso de leña no solo contamina, sino que también impacta directamente en el bosque seco del norte peruano.

Durante el 2022, se promulgó el Decreto Supremo N° 003-2022-MINAM que declaraba de interés nacional la emergencia climática en Perú y se insta el reemplazo de carbón, leña, etc., por energías limpias en el uso doméstico.

Lamentablemente, el avance de las energías renovables en Perú aún sigue siendo incipiente, el país ocupa el puesto 42 en el ranking mundial del Índice de Transición Energética, aunque en el 2020 se hayan ejecutado 49 proyectos de energía renovable, de las cuales 14 fueron plantas eólicas y solares.

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Aun así, de acuerdo a lo declarado por el ex ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, el Programa Masivo Fotovoltaico en su primera etapa ha electrificado 205.138 viviendas rurales, 2.349 escuelas rurales y 191 centros de salud. Esto puede ser una gran punta de lanza porque en la matriz energética de Perú la energía eólica tan solo ocupa un 3% y la solar 2%, siendo la energía termoeléctrica la preponderante con más del 56%.

De acuerdo a la socióloga Diana Bernales, especialista en gestión urbana y poblaciones vulnerables, la pobreza energética genera otros perjuicios sociales y económicos como el acceso limitado a la educación, a la salud y a los servicios básicos. Además de acrecentar los problemas de género y desigualdad social.

"Es injusto que, en el 2022, una región rica en recursos y energía renovable y convencional como Piura tenga un alto porcentaje de personas con poco acceso a la electricidad. Los políticos no visualizan técnicamente cómo se puede hacer una expansión eléctrica, ni se preguntan por qué hay personas viviendo en lugares donde las condiciones de vivienda no son adecuadas, y aquí podemos señalar el problema de la falta de planificación urbanística que sufre el Perú donde el catastro urbano más actualizado es del 2007, y esa es una base para la electrificación. Otro dato importante es que las personas que se conectan a una red clandestina de electricidad terminan pagando más que quienes son usuarios registrados", asegura Bernales, quien fue parte de un proyecto de electrificación rural con energía solar en las poblaciones rurales de Ayacucho, Cajamarca y Cuzco.

La socióloga añade que, aunque la geografía de Perú en muchos casos complica las cosas para la expansión eléctrica, es también válido que se debe contar con información actualizada, explorar opciones de energía alternativa y, sobre todo, darles opciones tecnológicas viables a los pobladores.

"Quizá uno de los aspectos que falló en ese proyecto fue que la tecnología que se usó no era la adecuada y su capacidad de almacenamiento era limitada. Los usuarios empezaron a quejarse, fue triste porque la sensación de descontento fue latente, y eran zonas muy alejadas donde nunca habían tenido electricidad. Percibí que por parte del Estado no existía un plan consistente en el viraje hacia energías renovables".

Finalmente, Bernales señala que la falta de acceso a una fuente de energía eléctrica también puede ser un factor de estrés para los niños y adolescentes. "Hay lugares donde la vida termina a las 6 de la tarde porque se acaba la luz natural, entonces a las 7 de la noche todos están durmiendo; este escenario lo puede sobrellevar un adulto, pero un niño o un adolescente tiene que limitarse en sus actividades, debe sacrificar actividades lúdicas y educativas; lo mismo en el sector urbano, muchos niños no tienen espacio ni condiciones para realizar de manera óptima sus actividades académicas, durante la pandemia esto quedo claro con la brecha digital".

Tan solo en el 2021, durante la pandemia de la covid-19, aproximadamente 124.533 estudiantes dejaron de estudiar por falta de conectividad al Internet. Y actualmente más del 8% de colegios a nivel nacional no cuenta con energía eléctrica.

¿Es posible una transición energética limpia y popular?

Para Paul Akiwumi, representante de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la energía representa la columna vertebral del desarrollo. De acuerdo a la UNCTAD, seis de cada diez habitantes de los países en desarrollo no tienen acceso a la electricidad.

Por eso es vital que Perú cierre sus brechas de electrificación y, tal vez, una de sus opciones se encuentra en la generación distribuida de energía, cuyas ventajas son variadas: ayuda a la descarbonización, puede llegar a zonas remotas y, sobre todo, utiliza energías renovables como la fotovoltaica y la eólica.

Además, es una forma de desaturar la red principal de energía y baja enormemente los precios. Lamentablemente en Perú la iniciativa aún no ha sido normada, aunque según la resolución ministerial N°292-2018-MEN/DM, no hay ninguna restricción para aplicarla. En Brasil, Argentina y Chile el modelo parece haber tenido resultados positivos.

En el estudio elaborado por Deloitte y Enel Perú- "Hoja de Ruta de Transición Energética hacia un Perú sin emisiones 2030-2050"-, se plantea que para lograr la carbono-neutralidad en Perú se necesita una inversión de 100 mil millones de dólares. Además, el estudio señala que "el proceso de descarbonización en el país generará un beneficio neto acumulado a valor presente de USD 128.300 millones. Esta transición permitirá un incremento neto del PBI en un 2,3%, al que, si le incorporamos la estimación de daños climáticos evitados, puede alcanzar el 4,2% al 2050". Para lograr esto es necesario que el consumo de combustibles fósiles se reduzca y no crezca más.

Un funcionario del Ministerio de Energía y Minas, cuyo nombre no quiso revelar por cuestiones de normas internas en el sector público, declaró para este reportaje que las opciones híbridas en zonas lejanas del país pueden ser las más viables, porque brindan opciones de energía limpia y sumamente barata, además adecuada para el entorno social donde se desarrollarán.

Sin embargo, recomendó el uso de gas natural para las ciudades del país, aunque en general se trata de un tema controvertido ya que es, después de todo, un combustible fósil. Aun así, él sostiene que se le podría sacar un provecho adecuado hasta poder virar hacia una matriz energética totalmente limpia en los próximos años. "Millones de habitantes podrían beneficiarse con el uso de gas a domicilio, pero es un plan para las ciudades, llevar una red de gas a lugares lejanos y de orografía accidentada es arriesgarse a contaminar el medio medioambiente y un gasto enorme de dinero, por eso tomar el uso del gas como una solución masiva es demagógica y peligrosa. Se tiene que fusionar con las energías híbridas".

El funcionario también resaltó que entre los grandes problemas se encuentran "las leyes flexibles que rodean la producción, para evitar mayores sanciones a las concesionarias, la pésima infraestructura y la permisividad, además de la poca voluntad política, son los principales problemas para esta iniciativa".

Por otra parte, el viceministro de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, José Martín Dávila, señaló en una entrevista radial que "siempre habrá energía barata en Perú porque existe una sobreoferta". Para Dávila es importante que la población peruana se beneficie de los bajos costos energéticos.

Por ello, una iniciativa clave en este aspecto es el Fondo de la Compensación Social Eléctrica (FOSE), que busca subsidiar a familias en condición económica vulnerable. Y aunque la sobreoferta energética parece ser una ventaja, para el viceministro es un problema porque argumenta que beneficia más a las empresas, que pagan la mitad de la energía que consumen. "Las corporaciones se benefician con las bondades de las hidroeléctricas y el gas barato... por eso las tarifas deben ser justas, no es que estemos contra la inversión privada, pero se necesita un equilibrio".

La postura del viceministro cobra sentido porque, según la CEPAL, es "fundamental fortalecer a la institucionalidad y entes planificadores y reguladores que puedan asegurar el acceso universal a estos servicios con calidad para todos los ciudadanos y en todo momento".

Para la socióloga, en tanto, es completamente necesaria "la articulación de poderes, la inversión de nuevas fuentes energéticas, el fortalecimiento de bases sociales y la coordinación de las municipalidades para poder cerrar la brecha de electrificación".

"Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina"