Ecuador se abre a los mercados de carbono, entre el optimismo y la oposición

En Ecuador, la naturaleza es sujeto de derechos desde la aprobación de la actual Constitución en 2008. En el artículo 74 se establece que "los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación" y que "su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado".

Desde que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) emitió la normativa para un mercado voluntario de carbono en junio de 2023, en Ecuador se ha agitado un debate en torno a cómo encajará ese sistema de comercio de créditos de carbono en la Constitución del país, así como sus beneficios y riesgos, y la participación de las comunidades en su diseño.

El artículo 74, concebido para proteger ecosistemas como los bosques, ha planteado interrogantes que Ecuador aún intenta responder: ¿quién y cómo se venden los créditos de carbono?

El 17 de septiembre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Orgánico Ambiental (COA) del país que regulará el acceso a los mercados de carbono y la compensación económica por servicios ambientales, previa aprobación del ejecutivo. Sin embargo, la principal cuestión constitucional sigue sin resolverse y deberá ser abordada por la Corte Constitucional de Ecuador, según los asambleístas.

Venta de carbono

Los mercados de carbono permiten el comercio de certificados que representan una reducción específica de las emisiones de gases de efecto invernadero, o su eliminación de la atmósfera. Estos certificados se conocen como créditos de carbono, que se generan mediante actividades que reducen o evitan las emisiones de gases de efecto invernadero, como la protección de los bosques.

Un crédito de carbono representa una tonelada de CO2 o dióxido de carbono equivalente (CO2e). Los compran sobre todo las empresas que necesitan cumplir mandatos de reducción de la contaminación, o para acceder a beneficios.

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Hay dos tipos de mercados de carbono: los obligatorios o de cumplimiento, establecidos normalmente por organismos nacionales o internacionales para regular las industrias con grandes emisiones; y los voluntarios, más demandados por las empresas, que buscan reducir o compensar sus emisiones. Según estimaciones de Ecosystem Marketplace, una organización sin ánimo de lucro dedicada a establecer el valor de los servicios de los ecosistemas, las transacciones voluntarias en el mercado del carbono alcanzaron más de 2.000 millones de dólares en 2021, lo que supone un fuerte aumento respecto a los 520 millones de dólares de 2020, aunque en 2023 se habían reducido a 723 millones de dólares.

Los agentes públicos y privados de Ecuador están interesados en regular estos mercados de carbono, ya que consideran que el país ha perdido ingresos potenciales debido a la ausencia de un marco jurídico (también queda por verse la legalidad del Código Orgánico reformado). Con más de la mitad de su territorio cubierto por bosques, observadores como la ex subsecretaria de Cambio Climático de Ecuador, Karina Barrera, ven en ello una oportunidad para el país si logra introducir una regulación de calidad.

"Una regulación incorrecta puede hacerle perder al país una única oportunidad de ser un referente en la región en integridad y atraer inversiones para la lucha contra el cambio climático, y para mejorar la calidad de vida de la gente", escribió Barrera en un artículo para la plataforma de medioambiente y sostenibilidad Youtopia.

Sin embargo, la Constitución y la poca información en el país estarían llevando el debate a otros ámbitos, donde las exigencias indígenas se contraponen a los planes de los privados.

Comunidades indígenas sin información

Las 14 nacionalidades indígenas que viven en la Amazonía son las que han puesto más resistencia al mercado de carbono.

"Dicho recelo se cimenta en el desconocimiento, en las experiencias negativas de actividades extractivas, o por experiencias fallidas de programas gubernamentales que no solventaron por completo las necesidades de las comunidades", señala Patricia Gualinga a Dialogue Earth, una de las voces más notorias del pueblo kichwa que habita en Sarayaku, una comunidad en Pastaza, a 200 kilómetros de Quito.

"No hay una consulta adecuada a los pueblos indígenas, una participación efectiva. Y los bosques mayoritariamente están donde habitan los pueblos indígenas", cuestiona Gualinga. Ella cuenta que su misma comunidad, con ayuda de especialistas, ha mapeado los servicios ambientales de las 146 mil hectáreas donde habitan.

A su pueblo le preocupan "los potenciales problemas generados por agentes externos que quisieran sacar provecho de los servicios ambientales". Eso, sin contar, menciona, los problemas de división de la población que pudieran ocasionar los acercamientos de empresas interesadas en el tema, "como ya ha sucedido con actividades petroleras y mineras".

Pocas son las voces de las comunidades indígenas que quieren referirse al tema de forma abierta porque es escasa la información oficial. "Para evitar potenciales represalias estatales o particulares", según un economista experto en temas de sostenibilidad que pertenece a un pueblo indígena y que accede a hablar con Dialogue Earth bajo la condición de anonimato.

Al parecer, el gobierno está preparando información oficial sobre los planes del mercado de carbono, en forma de guía para los guardianes de los almacenes de carbono. De acuerdo con un reporte del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), hasta abril pasado estaba pendiente la publicación de una guía de aplicación de los procesos de consulta y salvaguardas ambientales y sociales, para precautelar los derechos de las comunidades. Autoridades del MAATE le dijeron a CLIP que habían utilizado como referencia los materiales de Naciones Unidas sobre el respeto de dichas salvaguardias en los planes forestales, incluidos los derechos de los pueblos indígenas.

Entre estos materiales se encuentran guías para programas de compensación económica que benefician a las comunidades que protegen los bosques mediante proyectos de reforestación, agricultura sostenible y otros. Estos proyectos se gestionan en coordinación con las carteras ambientales de los respectivos países.

En una respuesta dada a los reporteros del CLIP, representantes del MAATE rechazaron la afirmación de que no se había realizado ninguna consulta sobre el reglamento del mercado voluntario de carbono antes de su publicación en junio de 2023, afirmando que se había llevado a cabo un proceso público abierto en el que participaron más de 1.400 personas de 202 instituciones a través de 25 talleres. Entre ellos, insistió, había participantes indígenas, incluida la Confeniae, la organización regional de los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, aunque sus representantes dijeron que no estaban al tanto de la ley.

Líderes indígenas dijeron al CLIP que este proceso implicó una gran convocatoria de Zoom para difundir la normativa, seguida de un breve plazo de diez días para comentarios sobre el documento. Algunos entrevistados dijeron al CLIP que no tenían conocimiento de la reunión, ni del proyecto de ley, y destacaron las dificultades de acceso a equipos electrónicos entre los grupos indígenas como una limitación para la consulta efectiva en este proceso.

La reforma sobre carbono

Desde hace dos años, la Asamblea Nacional de Ecuador trabaja en el marco jurídico que permitiría al país generar ingresos a partir de los servicios medioambientales. Esto podría dar estructura al tema del secuestro de carbono. Entre ellas se encuentra la reforma del Código Orgánico Ambiental, que ha sido objeto de debate en la comisión de biodiversidad de la Asamblea Nacional.

El asambleísta Milton Aguas le dijo a Dialogue Earth que la comisión hará una consulta a la Corte Constitucional para que este organismo se pronuncie: "Tenemos que hacer una evaluación, tanto de la Constitución como de los acuerdos internacionales firmados por nuestro país".

En vísperas de la aprobación de la reforma por la Asamblea, Aguas informó que la Comisión Legislativa tiene previsto dialogar con las comunidades de diversas zonas sobre las reformas. Esto, dijo, "ayudará a que el país cuente con procesos específicos para que comunidades, entidades privadas y gobiernos locales puedan rentabilizar proyectos de conservación".

En la propuesta se reconocen los distintos tipos de mercados de carbono, como el mercado voluntario internacional. En este caso, el documento plantea que el MAATE registrará los proyectos de reducción de gases de efecto invernadero; y de ser el caso, entregará la autorización al solicitante. Con esa autorización, la entidad que promueve el proyecto verde podrá buscar una certificación del potencial de secuestro de carbono y la comercialización de bonos.

Ecuador Carbono Cero

Una alternativa que está en proceso de implementación es el Programa Ecuador Carbono Cero. Esta es una iniciativa estatal que busca establecer un esquema de compensaciones que estará acompañado de una norma técnica que estaría lista en un año aproximadamente, dijo Ángel Sandoval, subsecretario de Cambio Climático del MAATE.

Ecuador Carbono Cero busca registrar a cualquier empresa privada que desee obtener una certificación por sus esfuerzos de reducción de emisiones. Esta certificación da acceso a incentivos fiscales y garantizará el cumplimiento de los próximos requisitos comerciales de la Unión Europea, previstos para 2027.

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"Las empresas que quieran reducir su huella de carbono, ya sea para alcanzar la neutralidad del carbono o para reducir su huella de carbono, entran en contacto con estas empresas y entre ellos acuerdan los precios que van a pagar por cada unidad de carbono", detalla el funcionario, que además afirma que el MAATE tiene en su registro a 547 empresas privadas que participarán del programa.

Aglomerados Cotopaxi es una de las empresas que participa del Programa Ecuador Carbono Cero (PECC), que impulsa el MAATE.

Esta industria, fundada en 1978, se dedica a producir tableros, molduras decorativas y piezas de embalaje industrial. Asegura tener una operación de carbono negativo, es decir, su operación captura más dióxido de carbono del que emite a la atmósfera.

De acuerdo con la empresa, sus emisiones anuales ascienden a 34.700 toneladas de carbono equivalente y su plantación de árboles retira del ambiente 225.000 toneladas en ese mismo tiempo. Con ello, se genera un remanente de 190.000 toneladas por año.

"Tenemos de patrimonio 18.500 hectáreas, el 30% destinada a conservación, que son más o menos 5 mil, pero estas áreas las distribuimos en remanentes de bosque nativo, remanentes enanos que son como cuencas más pequeñas -donde hay fuentes de agua- y las áreas de pajonales", detalla María Gallardo, jefa de Investigación y Desarrollo Forestal, de Aglomerados Cotopaxi.

Las compensaciones de carbono a través de planes de plantación de árboles se han hecho muy populares entre las empresas y organizaciones que quieren reducir su huella, pero se han visto cada vez más acosadas por las controversias, con dudas sobre su medición, verificación y eficacia, lo que plantea interrogantes en torno a las afirmaciones de las empresas sobre sus reducciones de emisiones.

El reto de la transparencia

Sea cual sea el proyecto, los especialistas afirman que deben ser creíbles para que funcionen según lo previsto. La experta en financiación climática Carina Sandoval cree que Ecuador debe aumentar la transparencia de sus instituciones, un gran reto que, sin embargo, según ella, generará confianza entre los mercados extranjeros.

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"Hemos tenido un canje de deuda hace un año y los informes aún no salen. No hay unos procesos de transparencia de toda la información de los procesos de consulta libre e informada", señala. Los canjes de deuda por naturaleza son acuerdos en los que los países acreedores aceptan reducir el valor de la deuda de otro país a condición de que invierta en proyectos de conservación. En mayo de 2023, Ecuador obtuvo el mayor canje de deuda jamás registrado, con 12 millones de dólares anuales que se destinarán a la conservación de las islas Galápagos.

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Según los expertos consultados, se contraponen las visiones de actores de la sociedad y de la economía, y eso podría entenderse como una dificultad para concretar modelos de compensación atractivos y que realmente funcionen. Sin embargo, privados y comunidades indígenas exigen mayor transparencia e información, para ayudar a tomar mejores decisiones.

La reforma al Código Orgánico del Ambiente fue aprobada en medio de un clima de incertidumbre debido a la actual crisis energética de Ecuador, impulsada por el impacto de una severa sequía en sus centrales hidroeléctricas. La votación tuvo lugar un día antes de que se produjera un apagón nacional el 18 de septiembre, y pasó casi desapercibida para los sectores de la sociedad civil, que en gran medida desconocen el alcance de la reforma, las implicaciones jurídicas del candado constitucional existente y a quién beneficiará en última instancia.

En medio de este escenario, la Asamblea Nacional debe enviar el texto aprobado al presidente Daniel Noboa, quien tiene 30 días para vetar o aprobar el documento. En caso de veto total, el Legislativo no podrá volver a revisar el texto durante un año. Por otro lado, el presidente puede vetar la reforma por razones constitucionales, en cuyo caso la Corte Constitucional deberá emitir un fallo. La suerte de la reforma está ahora en manos del Ejecutivo.

*Publicado originalmente en Dialogue Earth