Argentina es el país más demandado del mundo, y perdió casi el 90% de los casos

Argentina es el país más demandado a nivel mundial por inversores extranjeros, pero no sólo eso: también es el segundo país que más dinero tuvo que pagar a las grandes corporaciones de América Latina, fruto de la firma de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y su cláusula de resolución de disputas, que otorga grandes ventajas a los inversores a la hora de demandar a los países ante un tribunal internacional de arbitraje; un mecanismo reservado solo para los inversores extranjeros y que en la mayoría de los casos termina beneficiando a la compañía.

Así lo aseguró, Bettina Müller, experta en inversión y comercio en América Latina del Transnational Institute (TNI), una organización que busca la justicia socio-ambiental a nivel global, con la que Carbono News conversó como adelanto del informe que pronto se publicará en su web.

Hasta mayo de 2021, Argentina cuenta con 62 demandas. La mayor cantidad de pleitos están relacionados con la crisis del 2001 y las medidas que se tomaron para reducir la inflación. Pero no todas: siete de ellas involucran concretamente al sector extractivo. Una de las más conocidas, que ya fue resuelta, fue la demanda que interpuso Repsol contra Argentina en el 2012, por la estatización de YPF, por la que Argentina pagó 5000 millones de dólares en un acuerdo entre partes, contó Müller.

Los años 2003 y 2004 también fueron difíciles para el país, pues las compañías petroleras BP, Mobil y Wintershall, El Paso y Pan American Energy también lo demandaron. En dos de los casos hubo un acuerdo entre partes y en otras dos, hubo un laudo del tribunal internacional de arbitraje a favor del inversor, por los que Argentina tuvo que pagar 239,2 millones de dólares.

El 86,7% del total de las demandas contra Argentina fueron decididas a favor del inversor, lo que le costó al país 9200 millones de dólares. Una situación que se repite en América Latina, aunque el porcentaje es algo menor, donde en un 62,6% de los casos el inversor salió beneficiado.

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Por su parte, casi la mitad de las demandas de la región tienen que ver con sectores como el extractivo, el suministro de electricidad, agua y gas o el manejo de los residuos y el reciclaje. La minería y el sector de hidrocarburos son los que más demandan a los países latinoamericanos suponiendo 72, de las 303 demandas totales que tiene la región hasta diciembre de 2020. Solo en 2020 hubo cinco demandas de este sector, cuatro de ellas fueron contra Perú y una recayó sobre Colombia.

"Los gobiernos pueden ser demandados si deciden reorientar su economía o proteger a los ciudadanos ante el impacto socioambiental de una mina, por ejemplo, esto pasa mucho en América Latina", dijo Müller.

Argentina tiene 49 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, entre 2016 y 2018 firmó tres más con Qatar, Emiratos Árabes y Japón, aunque todavía no están en vigor.

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Cómo nació la cláusula que empobrece a los estados

Los TBI se inventaron en Alemania a finales de los años 50 por el director del Deutsche Bank y del director de Shell. Su creación fue encargada por el coronel Adenauer, el canciller de Alemania, y se puso en marcha para proteger las inversiones de las empresas alemanas en el sur global, relató la especialista.

"Cuando te fijas de dónde vienen los que más usan este instrumento en América Latina es de los países industrializados, casi el 90% de los inversores provienen de Estados Unidos, Canadá o de países de la Unión Europea. Hay muy pocas intercontinentales y de países asiáticos a Latinoamérica", reflexionó Müller.

América Latina en su laberinto

En los 90, los países de la región firmaron cientos de tratados internacionales que tienen el capítulo de protección de la inversión extranjera, otorgando a los inversionistas la posibilidad de demandar unilateralmente a los estados en cuanto consideren que sus ganancias han sido afectadas de alguna manera por los gobiernos. La razón: suponían que atraerían inversiones y aliviarían sus economías de déficit fiscal. "Sin embargo, casi 30 años después, la evidencia nos muestra que los TBI han estado lejos de ser un instrumento que contribuya a atraer inversiones y mucho menos promueve el desarrollo; por el contrario, han tenido efectos devastadores para los países de la región", explica la especialista del TNI.

La primera demanda de un inversor contra un estado latinoamericano se registró en el año 1996 y fue contra Venezuela. Desde entonces, han ido lloviendo demandas, en la última década la situación empeoró para los países latinoamericanos pues se registraron 165 demandas, un incremento de 81% respecto a la década anterior. El peor año fue el 2019, cuando hubo 22 casos.

Algunos países zafaron, y ni tanto

En América Latina, Brasil es el único que no tiene ningún Tratado Bilateral de Inversión con la cláusula de protección de inversiones, o sea, no puede ser demandado ante un tribunal internacional de arbitraje, informó Müller.

En Ecuador, cuando Rafael Correa dejó el gobierno, terminó unilateralmente con todos los TBI que permitían la cláusula de resolución de disputas. Pero el problema es que cuando un país decide unilateralmente terminar un TBI, en casi todos ellos hay un apartado que se llama "cláusula de remanencia", que estipula que el TBI sobrevive entre cinco y 20 años más. "Por lo que inversores que ya estaban invirtiendo en el país pueden seguir demandando ante un tribunal de arbitraje por muchos años más", explicó Müller. Bolivia siguió la senda de Ecuador, aunque dependiendo de la fuente no queda claro si el país terminó todos sus TBI o si algunos aún quedan vigentes.

Atracción de inversiones: ¿un mito?

"En realidad las empresas no se fijan si hay un acuerdo firmado o no, lo que les importa es si en el país hay personal educado para contratar. Si la economía más o menos está estable, si el sistema político funciona y no hay levantamientos sociales. Hay muchos más factores importantes en la decisión de inversión de una empresa que un TBI. Según las encuestas que se realizaron los TBI no estaban en los primeros lugares de importancia", dijo Müller.

Aún así, las empresas son los principales interesados. "Quieren todos los instrumentos posibles a su alcance, más allá que en el momento de decidir invertir no juega un rol primordial en esa decisión, pero mejor tenerlo que perderlo, entonces están a favor que están completamente a su disposición, los tratados están escritos y pensados para ellos", sumó.

Consultada sobre qué sería entonces un buen acuerdo entre países, Müller apostó por reorientar la política comercial de los estados para mitigar el cambio climático, como consumir y producir los alimentos localmente y sólo hacer tratados comerciales sobre los productos que no se pueden producir en el país, todos ellos sin el mecanismo de protección de inversiones, punto en el que Müller es tajante: "Hay que eliminarlo de todos los tratados".

"Es importante que haya un acuerdo solo sobre esas cosas concretas y no sobre un millón de productos que se producen. Que sea un acuerdo donde la inversión no vale más que los derechos humanos o la protección del ambiente, que es lo que pasa en la actualidad", concluyó.