Acuerdo de Escazú: México lo ratificó y entrará en vigencia
Ya ingresaron 11 países, los necesarios para su implementación.
Por unanimidad, con 66 votos a favor, el Senado de la República de México ratificó el Acuerdo de Escazú. Ahora, con 11 países que ya lo confirmaron, el tratado podrá entrar en vigencia dentro de 90 días a partir de que "el país azteca" deposite su aprobación en Naciones Unidas (ONU). Había firmado en 2018.
La Argentina fue el décimo país en sumarse al acuerdo que se inició en 2018. Es considerado el primer pacto medioambiental de Latinoamérica. De ahora en más, los países que quieran sumarse y que aún no hayan ni siquiera firmado (el primer paso para ingresar), deberán firmar y ratificar al mismo momento y ya formarán parte.
Hace dos semanas, Perú rechazó ratificar el tratado y lo mandó al archivo. Chile, uno de sus principales impulsores, se negó este año a firmarlo.
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Los once países que ya ratificaron son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Uruguay, Argentina y México.
Quienes solo firmaron son: Brasil, Colombia, Costa Rica, Granada, Guatemala, Haiti, Jamaica, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.
Los que ni siquiera firmaron: Chile, Venezuela, Cuba, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, El Salvador, Honduras, Suriname y Trinidad y Tobago.
El instrumento tiene como objetivo "garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información y justicia ambiental". Busca la participación pública en los procesos de toma de decisiones que ciernen al ambiente y, además, fomenta la cooperación. Su plan, también, es proteger a los activistas. De esta manera, se intenta contribuir a vivir en un entorno sano y con desarrollo sostenible.
El Artículo 7 del tratado sobre Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, establece:
"La difusión de las decisiones que resultan de las evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos de toma de decisiones ambientales que involucran la participación pública deberá realizarse a través de medios apropiados, que podrán incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales, de forma efectiva y rápida. La información difundida deberá incluir el procedimiento previsto que permita al público ejercer las acciones administrativas y judiciales pertinentes".
Podés leer el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe completo, aquí.