Ajuste: en el primer año de Milei, las partidas ambientales cayeron hasta un 81%
El Presupuesto nacional 2024 tuvo una reducción real del 26,3%, con recortes en partidas ambientales que oscilaron entre el 34% y el 81%. En un contexto de crisis climática, la falta de inversión en prevención y adaptación expuso sus consecuencias: incendios devastadores en la Patagonia y Corrientes e inundaciones en Bahía Blanca, con graves pérdidas y daños.
El primer año de gobierno del presidente Javier Milei estuvo marcado por un esquema de ajuste que impactó directamente en áreas sociales, culturales y ambientales. La falta de inversión y prevención dejó en evidencia sus consecuencias: un Estado con escasas herramientas para prevenir y enfrentar los incendios y reducir las pérdidas y daños que causaron las inundaciones.
En una nueva publicación del Monitor ambiental del Presupuesto, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) analizan las prioridades económicas del Gobierno reflejadas en la ejecución del Presupuesto Nacional 2024, que sufrió una reducción real del 26,3%. En el caso de las partidas ambientales, los recortes fueron aún mayores, con disminuciones que oscilaron entre el 34% y el 81% en términos reales. En el documento se destaca que:
Un ejemplo de ello fueron los incendios en la Patagonia y Corrientes durante enero y febrero, que según reportes de la Administración de Parques Nacionales y organismos provinciales se quemaron 37.601 y 250.000 hectáreas de bosque, respectivamente.
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También las inundaciones en Bahía Blanca del 7 de marzo pasado, que dieron una muestra de cómo el cambio climático está alterando los patrones meteorológicos y cómo la infraestructura urbana no está preparada para gestionar el volumen de agua que cayó en un corto período de tiempo.
¿Cuáles son las prioridades del gobierno?
En el Monitor Ambiental del Presupuesto, desde FARN detallan que si bien el presupuesto tuvo una reducción real del 26,3%, hay algunos sectores que no sufrieron grandes ajustes, como el hidrocarburífero y el pago de la deuda.
Desde el gobierno nacional se mantuvo una estructura de subsidios que favorece ampliamente a las empresas del sector de gas y petróleo. De los $577.150 millones destinados a subsidios al gas, el 68,7% ($396.298 millones) fueron transferidos directamente a las empresas, mientras que solo el 31,3% ($180.852 millones) fueron destinados a facilitar el acceso a la energía y disminuir la tarifa energética.
Además, la caída en el financiamiento de ambas partidas mostró una distribución desigual: los subsidios a las empresas registraron una reducción real del 12,1%, mientras que los destinados a quiénes consumen cayeron un 38,9%.
Otra de las partidas presupuestarias más privilegiadas fue la de Deuda Pública, con una caída real del gasto de apenas un 15,2%, muy por debajo del ajuste aplicado al Presupuesto en su conjunto. En 2024, el Gobierno nacional destinó $9.413.245 millones al pago de Servicios de la Deuda Pública, alcanzando una ejecución del 91,6%.
En el gráfico siguiente se observa la baja participación que tuvieron durante el 2024 las partidas ambientales con respecto a la ejecución del Presupuesto nacional y su porcentaje de ejecución.
¿Quiénes pagan las consecuencias de la caída del presupuesto ambiental?
"Bajo el argumento de la reducción del Estado y la búsqueda del superávit fiscal, se recortan partidas ambientales esenciales para la protección ambiental y el bienestar de la población", sostiene Matías Cena Trebucq, economista del área de Investigación de FARN.
Los incendios en la Patagonia y Corrientes, que dejaron víctimas fatales y destruyeron más de 100 viviendas, son una muestra del costo humano de la falta de prevención. Del mismo modo, las inundaciones en Bahía Blanca, con 16 víctimas fatales y destrozos en toda la provincia, evidencian la necesidad urgente de adaptar nuestras ciudades al cambio climático para evitar nuevas pérdidas económicas y humanas irreparables.
Cena Trebucq indica que mientras tanto, desde el Gobierno continúan subsidiando a empresas hidrocarburíferas -favoreciendo a un sector con ganancias millonarias y con alto impacto socioambiental-, y las personas consumidoras enfrentan las consecuencias del ajuste fiscal.
"La recuperación del rol del Estado como garante del derecho a un ambiente sano y la implementación de mecanismos de planificación con perspectiva de justicia socioambiental resultan esenciales para enfrentar los desafíos climáticos y ecológicos del presente y del futuro", finaliza el economista de FARN.
Ejemplos de las consecuencias de la subejecución en partidas ambientales
Inundaciones en Bahía Blanca
El viernes 7 de marzo, a causa de fuertes lluvias, en la ciudad de Bahía Blanca cayeron más de 350 milímetros de agua. Esta gran cantidad de precipitaciones generó inundaciones en distintos sectores de la ciudad y zonas del partido, provocando uno de los desastres ambientales más grandes en la historia de Bahía Blanca. Hasta la fecha, se reportan 16 víctimas fatales, más de 100 personas desaparecidas y más de 900 evacuadas. Además, más de 5.000 hogares se encuentran afectados por las inundaciones, muchos de ellos con daños irreparables.
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Lo sucedido en Bahía Blanca es una muestra más de cómo el cambio climático está alterando el patrón de los fenómenos climáticos. La infraestructura de la ciudad no estuvo preparada para manejar los niveles de agua que cayeron en un corto período de tiempo, desbordando la capacidad de drenaje. Esto puso en evidencia la falta de una planificación urbana adecuada, así como de planes de respuesta rápida ante eventos climáticos extremos.
Ante esta situación, el Gobierno nacional transfirió $10.000 millones provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), creado por la Ley 23.548 de Coparticipación Federal. Este fondo, que se conforma con el 1% de la masa coparticipable con el propósito de ‘'atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales''.
En la práctica los sucesivos gobiernos han empleado este fondo de manera discrecional en función de su vínculo con los gobiernos provinciales, dejando de lado el propósito vinculado a la atención de emergencias.
En 2024, el Fondo ATN recaudó $679.897 millones, de los cuales solo se ejecutaron $49.800 millones. A su vez, al 31 de marzo de 2025, ya se habían recaudado $209.276 millones, pero únicamente se ejecutaron $47.000 millones. Estos datos reflejan que el Gobierno nacional está reteniendo más de $792.373 millones que, según la normativa vigente, deben ser distribuidos entre las provincias y destinados a la atención de emergencias.
A su vez, en 2024, la ejecución del proyecto "Apoyo para la Expansión de Obras de Adaptación a Extremos Climáticos" pasó de $37.155 millones en 2023 a $46.6 millones, una reducción del 99.96% en términos reales. Además, días previos a que se produzca la tormenta, el Gobierno decidió disolver la Dirección Nacional de Emergencias, echando o poniendo a disponibilidad a sus 485 empleados.
Más información: https://farn.org.ar/inundaciones-en-bahia-blanca-la-cara-mas-cruda-de-la-crisis-climatica/
Incendios
En los primeros meses del año, los incendios en la Patagonia y Corrientes arrasaron más de 287.000 hectáreas de bosque, dejando víctimas fatales y cientos de familias sin hogar.
Según declaraciones oficiales, para hacer frente a los daños y pérdidas en las provincias se destinaron $7.000 millones en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional para Chubut y $5.000 millones para la reconstrucción de viviendas en Río Negro. Es decir, un total de $12.000 millones, un monto mayor comparado con lo ejecutado para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en 2024: $7.339 millones de un presupuesto total de $33.342 millones.
Estas acciones confirman la mirada reactiva para abordar la problemática, cuando los daños ya están hechos.
Más información: https://farn.org.ar/no-solo-es-el-fuego-el-dano-de-la-falta-de-prevencion-para-abordar-los-incendios/
Despidos en ACUMAR
A fines de febrero, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) despidió a más de 300 personas que trabajaban en el organismo. Este hecho, sumado al cierre del caso decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en octubre de 2024, genera altos niveles de incertidumbre de cómo continuarán las tareas y obras de saneamiento necesarias para la recomposición ambiental de la cuenca, destinadas a garantizar una mejor calidad de vida para los habitantes de la zona.
En la actualidad, sin los controles de la Corte Suprema ni de la Auditoría General de la Nación (AGN), las decisiones que adopte la ACUMAR deben ser lo más transparentes posibles. Por ello, el organismo debería rendir cuentas y explicar de qué manera el reciente recorte de personal impactará en los derechos socio ambientales de la población afectada por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo.