¿Quiénes protegen los ecosistemas naturales del país?

La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación advirtió que alrededor del 40% de las zonas terrestres del planeta están degradadas, lo que afecta directamente a la mitad de la población mundial y pone en peligro aproximadamente la mitad del PIB mundial (US$ 44 billones).

En Argentina, si bien este 2024 se cumplen 30 años desde que el derecho a un ambiente sano fue reconocido en la Constitución Nacional, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtieron que hoy no es momento de hacer un balance sobre los logros y pendientes. "En nuestro país, el negacionismo climático de la campaña electoral se ha convertido en política de Gobierno. Se desmantelan y debilitan organismos técnicos fundamentales para la protección del ambiente", explicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

En este contexto, FARN lanzó, el pasado miércoles 5 de junio, la 22° edición de la revista Pulso Ambiental, en donde enfatizan que, para poder defender los ecosistemas, el suelo, el agua y la biodiversidad, es necesario asegurar los derechos de las personas y comunidades que trabajan y le ponen el cuerpo a las luchas sociales y ambientales.

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"En un escenario de retrocesos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la tarea de quienes defienden los derechos de la sociedad entera deviene crucial. Es importante conocer sus historias, no solo como fuente de inspiración, sino también como escudo protector frente a ataques estatales o corporativos. No es posible defender a quienes no conocemos", advierte la organización.

¿Quiénes son las personas defensoras del ambiente en Argentina?

La Asamblea General de las Naciones Unidas identifica en sus principios a los defensores de los derechos humanos como individuos o grupos que actúan para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos.

La nueva edición de la Pulso Ambiental cuenta las historias de personas, comunidades y asambleas que defienden el ambiente en distintas partes del territorio nacional y que cumplen un rol fundamental como defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

En Salinas Grandes, una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, 38 comunidades indígenas que habitan la cuenca se oponen a la explotación del litio. Sin embargo, "el gobierno jujeño concesionó varias áreas de Salinas Grandes a las mineras y dos de ellas ya se encuentran trabajando en la zona: Litica (de Pluspetrol) y Lithion Energy (antes conocida como Lithos y propiedad de Pan American Energy)", escribió Emilia Delfino en uno de los artículos de la revista. Las posibilidades de que las mineras comiencen a utilizar el agua de la cuenca para la explotación de litio es una amenaza a la fuente de trabajo de las comunidades locales y para toda la biodiversidad que lo habita.

Por otro lado, en Vaca Muerta, una comunidad mapuche enfrenta las consecuencias que el fracking genera sobre sus viviendas. "Los sismos se sienten como si fueran un cañonazo bajo la tierra", cuenta Aladino Wirkalew de la comunidad del lof Wirkalew de Sauzal Bonito. Emiliano Ortiz narra en su artículo las dificultades sufridas por la comunidad y el pedido a la empresa Tecpetrol de que construya diez viviendas antisísmicas para reemplazar las que se agrietaron debido al fracking. Todavía no hubo respuesta por parte de la empresa.

Además, en la revista, Agustina López cuenta la historia de la Asamblea Jáchal no se toca, una organización de dicha localidad de la provincia de San Juan que cobró notoriedad nacional en septiembre del 2015 cuando la mina Veladero, de la canadiense Barrick Gold, tuvo un derrame que vertió millones de litros de agua con cianuro y mercurio al cauce del río que alimenta al pueblo. En los últimos meses se confirmó que la minera Veladero seguirá operando al menos por diez años más, a pesar del reclamo de los vecinos. Asimismo, se confirmó la instalación de Josemaría, un nuevo proyecto minero a cielo abierto de la empresa canadiense Lundin Mining para explotar cobre, el cuál estiman que usará cinco veces más cantidad de agua que Veladero.

Además, en esta edición de la Pulso Ambiental se aborda la situación de la contaminación en la Cuenca Matanza Riachuelo y el trabajo que hace años vienen haciendo desde la Asociación de Vecinos de la Boca; la tarea de la Asamblea Mar Libre de Petroleras en Mar del Plata para impedir la explotación offshore en sus costas; y el trabajo de reciclado que realiza todos los días la cooperativa Dignidad Cartonera, quienes están redefiniendo la gestión de residuos a través de prácticas sostenibles e inclusivas. Por último, también se narra la historia de César Massi y su lucha por la protección de los humedales; y la historia de Laura Zalazar, coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares de la Argentina.

Un Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú

América Latina es la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Según un reporte de Global Witness, casi nueve de cada diez homicidios registrados en 2022 fueron en la región. En este sentido, se adoptó el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo que busca proteger a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

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Para realizar un monitoreo del estado de implementación y cumplimiento de este Acuerdo en Argentina, organizaciones de la sociedad civil y la academia lanzaron el Observatorio Ambiental y Climático para la Implementación del Acuerdo de Escazú, el cual permitirá obtener información territorial sobre distintos casos judiciales e iniciativas legislativas, además de analizar los obstáculos en materia de acceso a la información y participación en la toma de decisiones.

El proyecto es llevado adelante por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina; el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Sustentabilidad Sin Fronteras; el Centro de Derecho Ambiental (CEDAF); la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos; la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA); Consciente Colectivo; el Proyecto Meulen; el CONICET Santa Fe, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); la Universidad de Salta.