Las heridas ambientales que no paran de sangrar

Argentina experimentó un desafiante escenario ambiental durante 2023. El año estuvo marcado por calamidades ambientales que transitamos sin alcanzar a comprender la gravedad que implican y la crisis económica y política, una vez más, contribuyó a dejar fuera de agenda las indispensables e impostergables soluciones que deberíamos estar aplicando. 

Sequías, incendios, el agronegocio agotando los suelos fértiles y envenenando a las poblaciones, imprevisión ante eventos climáticos extremos, conflictos por explotación del litio, avance de la deforestación, amenazas al ecosistema marino por la explotación petrolera y la sobreexplotación pesquera ilegal y descontrolada, desarrollos megamineros violando impunemente la legislación vigente, contaminación y extenuación de los recursos naturales escasos y no renovables, y un largo etc.

El extractivismo a pleno, destruyendo nuestros soportes ecológicos y la biodiversidad de nuestros ecosistemas naturales, marcó severamente este año. Una vez más, turbios intereses económicos de poderosas corporaciones afectaron el tratamiento de proyectos legislativos claves como el de Protección de Humedales o la Gestión de Envases, que volvieron a quedar en espera, vaya a saber hasta cuando... .Y el Estado (sean de cualquier color político sus funcionarios) inoperante e indolente, o lo que es peor: cómplice silencioso del ecocidio.

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El fuego consumió más de 500.000 hectáreas (has.) de pastizales y bosques de 16 provincias argentinas, siendo el Delta del Paraná y la provincia de Córdoba las zonas más afectadas. La situación adquiere la magnitud de desastre, con pérdidas cuantiosas de biodiversidad. Se agrega el daño a viviendas, infraestructura, y salud de pobladores por las intensas emisiones de humo en los focos de incendios, devastadores e incontenibles ¿Sospechosos de ser intencionales, probablemente causados por intereses del agronegocio, ganadería intensiva y emprendimientos inmobiliarios?

En cuanto a la deforestación, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el 40% de la superficie continental argentina se encuentra bajo condiciones de desertificación y tan solo en la provincia de Chaco se evidenció un aumento significativo del 70% de deforestación de las tierras de bosques nativos. La falta de cumplimiento de la Ley 26.331 de Bosques Nativos, una herramienta imprescindible para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza, y la asignación insuficiente de recursos plantean desafíos significativos.

Greenpeace confirma que la deforestación en el norte del país va en aumento tras realizar un relevamiento de imágenes satelitales que determinaron que en los primeros seis meses del 2023 se desmontaron 51.600 hectáreas, 25% más que en el mismo período de 2022 (41.332 hectáreas). Según la legislación, el dinero asignado para la correcta aplicación de la Ley de Bosques debería ser equivalente al 0.3 % del presupuesto anual de la Nación, algo que nunca sucedió desde que la ley está vigente (2007). De hecho, en el presupuesto proyectado para 2024 apenas alcanza el 7.37% de lo que debería ser.

El sector agrícola anunció pérdidas millonarias en la última campaña productiva debido a la sequía más extendida conocida hasta el momento: un 55% del país se vio afectado por este fenómeno. Las economías regionales cayeron junto a las exportaciones agroindustriales.

Algo para destacar como positivo: la participación ciudadana, siempre significativa y visibilizando los conflictos vigentes. Es el caso de la minería en Río Negro, donde la Justicia local anuló un recurso de amparo presentado por las comunidades para evitar la exploración y extracción minera en El Bolsón sin poseer el relevamiento territorial y la consulta ciudadana que establece la ley. Algo similar ocurrió en el sector de la costa de Río Negro, con la modificación a puertas cerradas y sin consulta popular de la Ley 3.308 que protegía al Golfo de San Matías de la prospección petrolífera.

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Con el Atlanticazo, las ciudades argentinas de San Antonio Oeste, Posadas, Necochea, Mendoza, La Plata, Río Grande, Mar Del Plata, CABA, Paraná, Ushuaia, Bahía Blanca y Puerto Madryn, réplicas y adhesiones internacionales en 23 países, en todos los continentes, se movilizaron en rechazo a la explotación petrolera en el Mar Argentino.

Oponiéndose a la exploración sísmica a 300 km de la costa de Mar del Plata, la perforación de pozos exploratorios en aguas ultra profundas, la construcción de un puerto petrolero y los consecuentes daños irreparables al frágil ecosistema marino, con más de 2 años de reclamos previos debidamente fundados en confirmaciones científicas que desaprueban tales actividades exploratorias. La comunidad local que en primera instancia había logrado frenar la iniciativa con una medida judicial, después quedó desacreditada gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, demostrando que "a la dama de la balanza se le ha corrido la venda".

El proyecto más temido por las comunidades costeras de Argentina: la ampliación de la frontera hidrocarburífera, un avance sobre el lecho marino, con un enorme proyecto de extracción offshore que abarca desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Las grandes petroleras implicadas: Equinor, YPF, Shell, Total, BP, Exxon, son parte del entramado corporativo al que se le entregó el mar. El Estado Nacional, con Alberto Fernández a la cabeza, con el aval de los estados provinciales y del Poder Judicial, impuso este megaproyecto. Y los dirigentes de la CGT local, que militan fervorosamente la causa de las offshore.

No podemos olvidar la "fiebre del litio" en la provincia de Jujuy, que tiene enormes reservas de este mineral estratégico en sus humedales andinos, disputadas por las mayores multinacionales del mundo y asentadas en territorios de pueblos originarios. 

El proceso de obtención del litio se realiza a través de la evaporación, y requiere un uso muy intensivo de agua: por cada tonelada de litio, se usan hasta 2 millones de litros de agua, este uso excesivo del agua genera desequilibrios en los acuíferos de agua subterránea, muy importantes en una zona caracterizada por su clima seco y por la falta de este recurso clave.

A partir de las reformas en la Constitución provincial llevadas a cabo por el entonces gobernador jujeño Gerardo Morales, estalló un conflicto social, aún no resuelto, donde muchos sectores se manifestaron en las calles contra esta reforma. Además de los docentes, el otro gran actor social que protagoniza las protestas son los pueblos originarios, atravesados no solo por una precaria situación económica, sino también, por presiones cada vez más grandes sobre sus territorios por parte de la gran minería a la búsqueda de litio.

Cerrando este año de profundos desatinos e imperdonables desatenciones ambientales, el 20 de diciembre el Presidente Javier Milei presentó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que cuenta con más de 300 puntos a derogar o modificar sobre las normativas argentinas. Hay puntualmente 5 que están relacionados al ambiente: la derogación a la Ley de Tierras, la privatización de empresas públicas de Energía, la desregulación de 2 normas relacionadas a la Minería, la eliminación de la Ley de Abastecimiento, Ley de Góndolas y Ley de Promoción Industrial, y la derogación de la Ley de Manejo del Fuego.

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Desde la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina aseguraron que "el DNU es inconstitucional y genera efectos regresivos en materia socio ambiental, la pérdida de soberanía y control público sobre los bienes comunes". Y que beneficia abiertamente a quienes participan de los procesos extractivos de los distintos territorios argentinos. "Venimos de una situación de extrema gravedad que se ve potenciada ya no por el lobby que interviene y que trata de incidir, sino directamente por la redacción directa por parte de estos empresarios de la industria, la megaminería, el agronegocio y toda la cadena alimentaria".

Según intenta imponer el DNU 70/2023 dictado por el gobierno del Presidente Milei (estrenando extravíos antiecológicos), quedamos expuestos a la extranjerización e indefensión sin límites de todos los cuerpos de agua dulce del país (elemento indispensable e irrenunciable para sostener la vida humana). Todas aquellas aguas dulces o saladas, en estado sólido o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman el sistema hidrológico. En términos legales el agua es un bien de dominio público que está por fuera de la apropiación privada (al menos hasta ahora). Legalmente nunca puede ser extranjera, pero sí el acceso al agua puede serlo, y ahí tenemos que replantearnos semejante desquicio.

En consecuencia con la derogación de la Ley 26.736, conocida como "Ley de Tierras", el capital extranjero, quedará habilitado para apropiarse de los grandes esteros del Litoral y la Mesopotamia, de los ríos de planicie y de montaña, de los humedales, de los lagos, nacientes y glaciares patagónicos, y hasta de las tierras donde se encuentran las zonas de recarga de los acuíferos, como el Guaraní y el Puelche. 

Además quedarán a tiro de chequera los estratégicos Humedales Altoandinos en los desiertos del altiplano al oeste de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Se trata de grandes oasis en el desierto árido de la Puna que actúan como fuente irreemplazable de agua y alimento para la vida silvestre y los asentamientos humanos. Hace años que estos ecosistemas sufren el acoso de la actividad minera, por lo que el nuevo avance privatizador podría ser letal.

Por todo lo antes expresado, el 2024 en materia ambiental no pinta mejor, seguramente empeore en virtud de los cambios institucionales y económicos que se están gestando. Será fundamental priorizar lo colectivo sobre lo individual, tomar conciencia que nadie puede salvarse en forma aislada, ante la dimensión de la crisis que nos afecta. La Tierra es una sola para todos, nadie puede apropiársela, y mucho menos ser el beneficiario exclusivo de sus riquezas.