Una transición justa en América Latina requiere políticas económicas ambiciosas

Durante las últimas décadas, América Latina ha registrado un crecimiento económico significativo, aunque volátil, que ha estado acompañado de un aumento del consumo y de la inversión. Sin embargo, este proceso ha sido insuficiente para resolver los problemas de pobreza y para reducir la muy alta concentración del ingreso que predomina en varios países de la región.

América Latina ha sido reconocida por su dinamismo económico -la capacidad de una economía para adaptarse a circunstancias cambiantes- aunque esto también se ha asociado a la generación de una compleja gama de externalidades negativas. Esto ha dado lugar a importantes efectos colaterales como la elevada contaminación atmosférica, la contaminación del suelo y de los recursos hídricos, y las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.

Este deterioro de las condiciones ambientales y/o climáticas representa un severo obstáculo para el desarrollo a largo plazo. En algunos casos, los impactos del cambio climático son no lineales y aparecen como irreversibles, afectando de forma más severa a los países más pobres y con mayores temperaturas. El creciente deterioro del medioambiente está produciendo efectos relevantes y generalizados sobre el conjunto de la economía, que afectan de múltiples maneras al bienestar social y erosionan los cimientos del dinamismo económico.

Mirá también: IPCC resalta urgencia de la transición energética en América Latina

Con este telón de fondo, en el transcurso de las próximas décadas los países de América Latina deberán construir un nuevo estilo de desarrollo ambientalmente sustentable y que aporte un sólido dinamismo económico. La magnitud de estos retos requiere una nueva estrategia de desarrollo a largo plazo y una amplia movilización de recursos que permita financiar los cambios estructurales requeridos de forma consistente con el desafío del cambio climático.

Por ejemplo, el actual estilo de desarrollo está asociado a importantes emisiones de gases de efecto invernadero y donde el actual proceso de mitigación de estas emisiones es claramente insuficiente. De este modo, mantener las actuales pautas de producción y consumo es incompatible con la construcción de una economía carbono neutral en 2050-2070. Ello es necesario para cumplir con la meta del Acuerdo de París que se ha propuesto estabilizar el aumento de la temperatura global entre 1,5°C y 2°C durante este siglo.

Las simulaciones de escenarios prospectivos muestran que, para atender los desafíos de la transición climática, se requieren tasas promedio anual de mejora de la eficiencia energética y de descarbonización muy superiores a las que se han venido registrando en la región. Los ejercicios de simulación ilustran, asimismo, que si se retrasara hasta el año 2030 el proceso de mitigación, se requerirán esfuerzos mucho mayores en el futuro que resultarían poco creíbles y serían más costosos en términos económicos.

Previsiblemente, los impactos físicos del cambio climático ocasionarán un aumento del déficit fiscal en América Latina, consecuencia de un aumento del gasto necesario para atender las emergencias climáticas y la reducción de los ingresos consecuencia de la caída de la actividad económica. Esto debilita la salud económica y puede llevar, en algunos países, a un aumento insostenible de la deuda pública.

Las estimaciones disponibles indican que, dependiendo de cada país, los proyectos de inversión en infraestructuras requeridos para apoyar la transición climática en América Latina y el Caribe implican movilizar recursos por un monto promedio anual del orden de los 5% del PIB. Estas inversiones, que en sí mismas pueden representar un impulso para el magro crecimiento económico que están mostrando las economías de la región en la post-pandemia, implicarán un aumento del gasto público que será imposible de concretar sin que se produzcan cambios de envergadura en la política fiscal y sin que puedan movilizarse mayores montos de financiamiento.

La transición climática implicará, además, terminar con la producción y el consumo de combustibles fósiles. Esto supondría una reducción significativa de los ingresos fiscales en varios países de la región como Brasil, Ecuador, Bolivia, México, Guyana y Trinidad y Tobago, entre otros.

Mirá también: Opinión: China puede tener un rol clave en un Ecuador post-petróleo

Las finanzas públicas deberán prepararse, por tanto, para procesar un aumento del gasto y una reducción de los ingresos fiscales, preservando equilibrios fiscales y aprovechando más intensamente las oportunidades que ofrecen los nuevos instrumentos financieros temáticos (verdes, sostenibles y de género).

En este escenario, la instrumentación de una nueva política fiscal y de gestión de la deuda pública aparece como un prerrequisito del éxito de la convergencia hacia una economía carbono neutral y resiliente al clima. De hecho, la apropiada administración de los riesgos de esta transición climática aparece como condición necesaria para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París y para que puedan procesarse las transformaciones en las actuales formas de producción y en los patrones de consumo, que se encuentran en el origen del cambio climático.

Difícilmente puedan afrontarse los retos planteados sin que se produzcan cambios significativos en la orientación de la política fiscal y sin que los objetivos de un desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente inclusivo pasen a ocupar un lugar de privilegio en la gestión de la deuda pública. Por ejemplo, y a pesar de la reducida respuesta de las demandas de bienes y servicios intensivos en emisiones ante variaciones de los precios, la imposición de un precio al carbono podría contribuir a la transición climática y generaría recursos fiscales adicionales que podrían aplicarse para lograr un segundo dividendo en términos de una mejor distribución del ingreso y apoyar a grupos especialmente vulnerables.

Para avanzar en esta dirección se requiere un cambio de paradigma, que armonice la necesaria sostenibilidad de la deuda pública y la preservación de la estabilidad macroeconómica con la sostenibilidad ambiental y social. De lo contrario, las presiones fiscales y el creciente endeudamiento limitarán la capacidad de los gobiernos para apoyar la transición climática y los países de la región no podrán aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la construcción de una economía socialmente inclusiva y ambientalmente sostenible.

*Este artículo incorpora los resultados del proyecto de investigación "Promoting a pandemic recovery: Evidence to support managing the growing debt crisis", realizado por la Red Sudamericana de Economía Aplicada (Red Sur), con el apoyo del International Development Research Centre (IDRC-Canadá). Publicado originalmente en Diálogo Chino.