Política
Ambiente electoral

La agenda ambiental de cara al debate presidencial

"Protección ambiental" es uno de los temas que se debatirá el próximo 8 de octubre por los candidatos y candidatas a presidente. Repasamos algunos de los puntos más importantes de la agenda ambiental.

Abogada y diplomada en el Programa de actualización de Políticas Públicas y Cambio Climático. Autora del libro "Una vida sustentable"

Mañana, domingo 8 de octubre se llevará a cabo la segunda parte del debate presidencial y podremos escuchar a los candidatos hablar, entre otras cosas, de protección ambiental. El eje ambiental fue incorporado en la agenda de temas a debatir por quienes se candidatean a presidente gracias a una encuesta pública que estuvo disponible por pocos días en la página oficial de la CNE, por lo que "Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente" ingresó con el 18,60% de los votos.

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De más está decir que el hecho de que protección ambiental "comparta terna" con desarrollo humano y vivienda, no es del todo alentador. Son muchos temas para un solo eje, por lo que es posible que incluso habiendo entrado como eje, nos quedemos con la sensación de "gusto a poco" una vez que terminen las exposiciones.

Ahora bien, ¿Qué esperamos que digan los candidatos y candidatas? A esta altura podemos decir que tenemos algunos perfiles delineados: Milei y su espacio se han mostrado abiertamente negacionista del cambio climático y han afirmado cosas como: "una empresa puede contaminar un río todo lo que quiera" ya que el valor del agua es "cero".

En el otro extremo, el FIT es el espacio que más hace carne la problemática ambiental, por lo tanto podemos esperar que sea su candidata la que mejor aproveche la oportunidad para profundizar en el tema.

En cuanto a Bullrich, busca diferenciarse de Milei planteando que el cambio climático es innegable y en su plataforma expone la necesidad de cumplir con el Acuerdo de París. En ella, hace referencia a la inversión en energías y a "La producción de minerales críticos para la transición energética".

Por último Massa, en su plataforma plantea medidas en lo concerniente a problemáticas vinculadas con residuos, pérdida de biodiversidad, deforestación, incendios y cambio climático, entre otros.

De hecho, si bien en el debate del 1 de octubre no entraba el tema ambiente, amerita resaltar que los únicos que hicieron alguna referencia o mención al tema ambiental fueron Bregman y Massa.

Por su parte, Bregman instó a quienes no quieren que se siga destruyendo el planeta a que la voten y usó una frase muy propia del ambientalismo que es que "no hay planeta B". Mientras tanto, Massa habló de la nueva agenda de los derechos humanos y mencionó el derecho a un ambiente sano que es un derecho consagrado en el artículo 41 de nuestra constitución y que implica el deber de preservarlo para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras.

En este contexto electoral, recientemente se publicó una iniciativa conformada por organizaciones de la sociedad civil que llama a los candidatos de todos los partidos a tratar temas ambientales en el marco de las elecciones presidenciales y consideran que quien asuma la presidencia en diciembre debe impulsar y mejorar medidas que potencien el desarrollo sostenible de la sociedad.

Los temas propuestos son:

  • Mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos 26.331, con ampliación de superficie especialmente en la región chaqueña y detener la deforestación ilegal.

  • Sancionar una Ley de Presupuestos Mínimos de Diversidad Biológica con especial foco en la restauración de ecosistemas y en modelos de desarrollo regenerativo.

  • Sancionar e implementar una Ley de Presupuestos Mínimos para la conservación y uso sustentable de los humedales, que cuente con el consenso social necesario para facilitar su implementación y analizar alternativas similares para los pastizales naturales.

  • Promover la prohibición del descarte en la actividad pesquera, y sancionar una Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con eliminación de los plásticos de un solo uso, presupuesto adecuado para la infraestructura ambiental y promoción de la economía circular.

  • Dictar una Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental.

  • Sancionar una Ley de incentivos a modelos regenerativos y sostenibles, incluyendo la restauración ambiental, actualizar las leyes de fomento a la Ganadería Ovina y Caprina para garantizar el cumplimiento de la Ley de Conservación de la Fauna y controlar con mayor efectividad el uso racional de agroquímicos con transición al uso de bioinsumos y productos agropecuarios con certificación ambiental.

  • Incorporar en el Código Penal un título ambiental o sancionar una Ley sobre Delitos Ambientales, que garantice el cumplimiento del Acuerdo de Escazú en materia ambiental y de derechos humanos.

  • Desarrollar de forma participativa e implementar marcos regulatorios y protocolos que minimicen los impactos socio-ambientales de las actividades extractivas, con especial énfasis en la minería de litio y la explotación de hidrocarburos. Para ello será necesario implementar una fuerte fiscalización gubernamental, con participación de la sociedad civil organizada, así como promover el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las actividades extractivas de recursos naturales no renovables.

  • Implementar la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que garantice el logro de la carbono neutralidad en 2050, incluyendo la transición energética justa con reducción de la dependencia a los hidrocarburos, el aumento de la participación de energías renovables en la matriz energética y la eficiencia energética, la implementación de la Ley de Energía Distribuida y el cierre paulatino de centrales térmicas.

Si bien todos los temas ameritan profundizar y entrar en detalle, hay uno que resalta entre el resto, y es la necesidad de obtener la sanción de una "ley de humedales" consensuada. La ley de humedales es una herramienta fundamental para planificar la conservación, protección y uso de los humedales de todo el país. Esta normativa resulta de suma importancia ya que un poco más del 21% de la superficie de Argentina está conformada por humedales y que estos cumplen un papel esencial ayudando a mitigar el cambio climático: son grandes reservorios de agua dulce, amortiguan los impactos de las lluvias, controlan la erosión y absorben gases de efecto invernadero.

Lamentablemente, el camino de la ley de humedales hacia su sanción queda trunco, una y otra vez. La ley de humedales busca que se desarrolle un inventario e implementar medidas para preservarlos, así como también establecer parámetros certeros sobre qué actividades productivas se pueden hacer y cuáles no en cada área donde funciona el ecosistema del humedal. Asimismo, quienes presionan para su sanción, sostienen que esta operaría como un desincentivo a realizar quemas intencionales.

En este marco, luego de más de 10 años de mucho esfuerzo, las asambleas territoriales, los movimientos y colectivos sociales y las organizaciones de la sociedad civil, seguimos reclamando y exigiendo su tratamiento en el congreso de la nación. Por tal motivo, y en el marco del segundo debate presidencial, organizaciones ambientales, referentes e influencers ambientales realizamos una acción conjunta en redes sociales para solicitar que los candidatos y candidatas den explicaciones sobre por qué siguen desatendiendo la demanda de los y las argentinas a la protección de los humedales.

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