Ley agroindustrial: ¿Oportunidad o guiño al agronegocio?

Regimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador. Así es el nombre del proyecto que condensa las demandas de las más de 60 organizaciones que integran el Consejo Agroindustrial Argentino y que busca convertirse en ley antes de fin de año.

"Esta ley encarna la participación de todos los intereses de la cadena agroindustrial e implica un impulso a la industrialización. Nos proponemos ubicar a la Argentina como líder agroalimentario y agrobioindustrial. Buscamos consolidarnos en el escenario mundial como líderes en la producción de productos de origen animal y vegetal en un mundo cada vez más demandante", anunció el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, en un acto en Casa Rosada encabezado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Según el comunicado oficial, la nueva normativa impulsa la producción y la competitividad de los distintos actores de la cadena agroindustrial y prevé la creación de 700.000 puestos de trabajo, el cumplimiento de las metas productivas (200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres) y de exportación (100 mil millones de dólares) y la llegada de inversiones.

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A su vez y conforme al texto del proyecto al que pudo acceder Carbono News la ley contempla beneficios fiscales e impositivos (reducciones de impuestos) para productores, cooperativas, emprendedores y empresas industriales de base tecnológica aplicables en función a indicadores de ventas, producción, exportaciones, inversiones y cantidad de personal ocupado. Para acceder a dichos incentivos los beneficiarios deberán demostrar la superación de uno o más indicadores en cada ejercicio fiscal del impuesto a las ganancias siguiendo una lógica de incrementalidad.

En palabras de Domínguez: "Se plantean las prácticas del cuidado ambiental y del suelo mediante un bono del 50% de la inversión de crédito fiscal para insumos promovidos, amortizaciones aceleradas para las nuevas inversiones, menor tiempo de devolución del IVA, armonización de débitos fiscales en actividades agroindustriales con IVA diferente, la promoción de semillas fiscalizadas para especies hortícolas, cereales, oleaginosas".

Uno de los ejes principales que motivan la sanción de la norma que cuenta con el apoyo del oficialismo y la oposición es fomentar el arribo de inversiones como infraestructura y maquinaria para el campo que contribuyan a paliar la crisis socioeconómica actual. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el primer semestre del año se registró un índice de pobreza del orden del 40,6%. De ese porcentaje, el 10,7% de la población se encuentra en situación de indigencia.

Misma receta, ¿nuevos resultados?

Flavia Broffoni, politóloga, activista y co-fundadora de Extinción o Rebelión Argentina señaló las implicancias de esta ley en un vivo de Instagram publicado en su cuenta: "¿Cómo vamos a esperar resultados diferentes profundizando hacer más de lo mismo? Porque es ese modelo productivo el que tiene a más del 40% de la gente bajo la línea de pobreza. Esto es el agronegocio: no es el campo, no es el productor en transición agroecológica. Es el complejo que desde hace 20 años hace que un productor agropecuario desaparezca cada dos horas. Es el complejo que tiene como único objetivo darle a la estructura de este país algunos dólares para pagar deuda externa. Es el complejo agroindustrial que no puede garantizar que existan alimentos suficientes según la cátedra de Soberanía Alimentaria a cargo de Myriam Gorban para que tengamos cinco raciones diarias de frutas y verduras necesarias para estar saludables".

Desde el espacio Naturaleza de Derechos expusieron: "Es un proyecto inviable social, ambiental y climáticamente. De sostenible no tiene nada. La medida estimula y promueve el aumento del uso de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Por otro lado, profundiza la privatización de las semillas, llevando a los/las productores/as a la relación cautiva dependiente con las grandes semilleras, afectando severamente la diversidad genética".

Martín Vainstein, politólogo y coordinador nacional de Climate Save Argentina, en contacto con Carbono News, añadió al respecto: "Hay tres programas concretos en este proyecto para los cuales se van a brindar beneficios impositivos: el impulso del oligopolio distribuidor de semillas patentadas, el uso de pesticidas y la explotación animal. Todo esto en el marco de adaptación al cambio climático. El planteo resulta no sólo incompatible con el último punto sino que perpetúa un modelo productivo y alimentario de inseguridad y crueldad. Desde la organización proponemos un acuerdo basado en plantas, con políticas públicas orientadas a la producción campesina, agroecológica y libre de explotación animal, con seguridad y soberanía alimentaria".

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Acceso a la tierra: una deuda con la soberanía alimentaria

Según el último Censo Nacional Agropecuario (CNA) y el análisis de los investigadores Eduardo Azcuy Ameghino y Diego Fernández, del Centro Interdisciplinario de Estudios agrarios (UBA) entre 2002 y 2018, los pequeños y medianos productores perdieron el 23,2% de las explotaciones agropecuarias (EAP). Si se traza una línea temporal y se compara con los datos del CNA de 1988 la cifra es aún más alarmante: más del 40% de las tierras productivas del país pasaron a estar en manos de grandes terratenientes en los últimos treinta años.

La expulsión de los pequeños productores y el despojo de tierras es un claro reflejo de la consolidación de una matriz productiva sustentada en la expansión de la frontera agrícola y en el avance de las actividades del agronegocio. En este sentido, la puja por el acceso a la tierra cobra especial relevancia y es parte fundamental de la lucha campesina en toda la región.

Si bien Alberto Fernandez aseguró que se trata de un proyecto "que ayuda al desarrollo integral de la Argentina y que, a su vez, necesita atender la agricultura familiar, la producción orgánica y dar incentivos a pequeños productores que trabajan la tierra" desde la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el rechazo fue contundente y así lo expresaron en redes sociales:

"Si el objetivo es poner a la Argentina de Pie el gobierno tiene muchas herramientas basadas en las exigencias de las organizaciones campesinas e indígenas, y es su responsabilidad implementarlas con urgencia: la Ley de Acceso a la Tierra, la Ley de Agricultura Familiar 27.118, la Ley de Humedales y la Ley de Etiquetado Frontal. En esa dirección se iría hacia una transformación de nuestro sistema agroalimentario hacia un modelo agroecológico centrado en el derecho a la alimentación y la protección ambiental".

La organización, con amplia presencia en todo el país, pone el foco en mejorar las condiciones de vida del campesinado y persigue la soberanía alimentaria, es decir, el derecho humano a la producción de alimentos libre de injerencia corporativa. Apenas diez días antes del anuncio de la Ley de Fomento Agroindustrial la organización lideró un acampe frente al Congreso para exigir avances en la Ley de Acceso a la Tierra que impulsa desde 2016 y que aún no fue tratada por las Cámaras.