La Justicia Federal ordenó a Cancillería que informe si firmó un memorándum con China

Diferentes organizaciones socioambientales de varias provincias de la Argentina acudieron a la Justicia Federal interponiendo una acción judicial colectiva de carácter ambiental y climático contra el proyecto de instalación de megagranjas porcinas. Su reclamo fue considerado "admisible" y por lo tanto, el poder judicial ordenó a Cancillería que informe en el transcurso de agosto si efectivamente se firmó el memorándum con la República Popular de China para un acuerdo comercial, pero aún no contestó.

Estos movimientos activistas sostienen que el plan de instalar estas factorías de cerdos no cumple con "aspectos propios de la Democracia Participativa" por la vigencia del Acuerdo Regional Escazú que garantiza una instancia de participación ciudadana al momento de la toma de decisión; es decir, define si hay o no licencia social. Para ellos, estos establecimientos porcinos "son claramente insostenibles por los altos impactos sanitarios, ambientales y climáticos, más los altos riesgos pandémicos, que generan en los lugares donde se instalen, a lo cual se suma la necesidad de contar previamente con una evaluación estratégica y acumulativa", dijeron.

"Siendo que esas instancias formales han sido omitidas por el Estado, sumados todos los riesgos inaceptables que implica en su conjunto, el plan porcino con China representa una violación palmaria al orden público ambiental y climático", comunicaron.

En contacto con Carbono News, el Coordinador de Naturaleza de Derechos, el abogado Fernando Cabaleiro, dijo que esta acción es un primer paso para tratar de impedir este negocio. "Son demandas estratégicas escalonadas", aclaró.

Con la acción judicial, cuenta que están pidiendo una "diligencia preliminar" por parte de la justicia para que informe en el expediente judicial todos los actos administrativos que refieren a este supuesto acuerdo porcino. "Queremos saber si se firmó el memorándum y cuáles son sus condiciones, en qué situación está. Porque se hizo público en julio de 2020 y por la reacción popular quedó en stand by. El Estado funciona entre bambalinas", enfatizó y agregó: "Según una noticia de la prensa se estaría avanzando en la firma del acuerdo, por eso es que activamos en la instancia judicial, para que se nos informe si eso es así, y si es afirmativo, poner las medidas cautelares para la suspensión del acuerdo".

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Esta acción colectiva sería el primer paso. "En este caso lo que planteamos son las omisiones de las cuestiones formales y anticipamos las cuestiones de fondo porque los números iniciales que se manejaron en las cámaras empresariales en un primer momento -10 millones de toneladas de carne porcina- fueron desmentidos luego del rechazo popular, pero sabemos que esos son los números reales. Eso representa un gravísimo impacto por todo lo que implican las externalidades ambientales en los territorios en donde se van a instalar estas megagranjas", detalló el abogado.

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Para evidenciar estas declaraciones, las organizaciones Foro Ecologista de Paraná, Red de Técnicos en Agroecología del Litoral, Cultura Orgánica Santa Fe, Paren de Fumigar Pergamino, Naturaleza de Derechos, y un colectivo de profesionales de Biología, Agronomía, Agroecología, Veterinaria y Abogacía, elaboraron un informe técnico que explica en detalle los efectos negativos en la salud de las personas, en los suelos, el agua y el ambiente en su conjunto.

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Algunas de las primeras personas afectadas por la instalación de estos lugares, además de las comunidades cercanas, son los trabajadores de esos establecimientos. "Los trabajadores de las granjas intensivas están expuestos regularmente a la inhalación de partículas y gases, como el amonio y el sulfuro de hidrógeno, a concentraciones que pueden resultar peligrosas. Las partículas en suspensión provienen de diferentes fuentes, incluyendo materia fecal seca (un cerdo de 100 kg excreta aproximadamente 6,17 kg de heces y orina por día, mientras que una hembra en lactación, 11 kg), alimentos, la caspa y células de piel de los animales, hongos, polvo, y endotoxinas bacterianas, y pueden ser inhaladas durante la respiración normal por los humanos", explica el informe.

Y añade: "De hecho, un importante porcentaje de los trabajadores de las granjas porcinas sufren uno o más síntomas de irritación o enfermedad pulmonar crónica". Además, enumera otras complicaciones: resequedad de la piel, irritación de los ojos, náuseas, trastornos cardiovasculares, dolores de cabeza y tos crónica.

Por otro lado, el coordinador de Naturaleza de Derechos, dijo que la Argentina estableció una política de estado que no cumple: la ley 27.118 de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. "Esta ley reconoce que los pequeños y medianos productores son los verdaderos hacedores de la alimentación de nuestro sistema alimentario, entonces ahí es donde se tiene que focalizar la inversión ya que el acuerdo con China está dirigido para los grandes emprendimientos y los grandes capitales", sostuvo.

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Para finalizar, el abogado resumió el objetivo de la acción y lo que implicaría seguir con una matriz productiva extractivista, contaminante y dependiente: "Lo que se plantea judicialmente más allá de las omisiones formales como son la participación ciudadana y una evaluación estratégica y acumulativa previa antes de avanzar en la instalación de las megafactorías, es que el acuerdo porcino con China en sí es abiertamente inviable por los altos impactos ambientales y climáticos que generan las factorías porcinas y muy principalmente por los riesgos de zoonosis en una era pandémica. La Argentina está transformándose en un territorio de sacrificio con las graves externalidades que genera el modelo productivo dependiente de las demandas de China en el marco de una relación cuasicolonial", concluyó Cabaleiro.