En Colombia, la paz sigue siendo esquiva para los defensores de la tierra

El 21 de abril de 2024, hombres armados llegaron a la casa de Narciso Beleño y le dispararon sin dejarlo reaccionar. Este hombre de 62 años vivía en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, al norte de Colombia. Había dedicado su vida a cuidar el territorio de los grandes proyectos extractivistas que amenazaban la Serranía de San Lucas, uno de los lugares más biodiversos del país.

Beleño fue una de las últimas víctimas de un conflicto cada vez más complejo que afecta esa parte de Colombia, pero que se replica en varias regiones. Un conflicto que mezcla economías ilegales, proyectos mineros de multinacionales y comunidades organizadas en medio de enormes poderes: desde guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hasta disidencias de las FARC. Pero, sobre todo, un actor cada vez más protagónico: el Clan del Golfo, también conocido como las Autodefensas Unidas Gaitanistas, un grupo paramilitar que sigue en expansión.

Diversos informes de la Comisión de la Verdad -creada por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tras los acuerdos de paz de 2016 con las FARC para investigar los orígenes y las causas del largo conflicto armado del país- afirman que los defensores del territorio resisten la expansión extractivista que suele ser impulsada desde las políticas del gobierno central. Incluso algunos de estos proyectos van de la mano de grupos armados ilegales, lo que agrava la situación en las regiones. Pero a pesar de los recientes intentos del gobierno de Gustavo Petro de poner en marcha reformas para proteger a los defensores de la tierra, comunidades y ONG afirman que la paz sigue siendo difícil de alcanzar, y sus vidas continúan en peligro.

Resistencia en la Serranía de San Lucas

Un ejemplo destacado es la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), una organización de campesinos y pequeños mineros que promueve prácticas sostenibles en el sur de Bolívar y que no se detiene en su lucha por la paz, la minería responsable y la agricultura sostenible.

Fedeagromisbol trabaja en la Serranía de San Lucas, una importante reserva de oro de Colombia que está siendo explorada por la multinacional AngloGold Ashanti. La empresa minera sudafricana solicitó permiso para explorar y explotar minas de oro en la zona en 2004 y su acceso a la zona contó con el apoyo de una unidad del ejército colombiano. En 2006, la unidad fue acusada de matar y capturar a dos líderes de Fedeagromisbol que habían liderado protestas contra la presencia de la empresa en la región.

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"Es una de las grandes reservas de oro en América Latina y la gente no ha permitido que se explote; más bien, ha sido designada como un área protegida", dice Gladys Rojas, líder de la ONG Corporación Sembrar, que trabaja en temas de justicia social y paz. "En este momento, eso es un ejercicio importante en el contexto de la protección del medioambiente". 

Esta riqueza atrae la presencia de grupos armados como el ELN y los paramilitares. Según investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, organismo público que relata la memoria del conflicto colombiano, estos grupos han luchado por el control territorial durante décadas.

La resistencia de Fedeagromisbol a los proyectos extractivos ha contado durante años con la oposición de estos grupos armados. Su labor se centra en la incidencia política y la presentación de demandas ante tribunales internacionales sobre cuestiones relacionadas con el sur de Bolívar, como "la tierra y el territorio, la vida digna, la memoria y los derechos humanos, la minería y el medioambiente", según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Desde 2009, un año después del asesinato de otro ex dirigente de Fedeagromisbol, Edgar Martínez Ruiz, el grupo ha recibido medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La comisión solicitó al Estado de Colombia que adoptara medidas para proteger la vida de los dirigentes de Fedeagromisbol.

Desde el asesinato de Narciso Beleño, la situación se tornó de alto riesgo para todos los habitantes de la región. "En este momento, hay un cerco paramilitar a nivel económico y social, con ejercicios de control social muy fuertes. Se han establecido varias bases paramilitares en la zona minera, lo que contrasta con tiempos anteriores, cuando los campamentos estaban alejados de los centros poblados. Hoy en día, esas bases están dentro de los caseríos, lo que aumenta el control [de los paramilitares] sobre la población y las organizaciones", describe Rojas.

Una paz con la naturaleza que no llega en Colombia

Astrid Torres es coordinadora del programa Somos Defensores, la principal ONG en Colombia que monitorea la situación de los líderes sociales amenazados. Ella está preparando un informe sobre las cifras del primer semestre del año, señalando que "no ha habido mejoras con respecto al año anterior". Colombia sigue siendo el país del mundo donde más defensores del territorio son asesinados anualmente.

Las cifras de Somos Defensores contribuyen a los informes de Global Witness, que monitorea esta violencia a nivel global. En 2023, Colombia registró, de lejos, el peor escenario con 79 defensores asesinados.

"Más allá del asesinato y de la voluntad del actual gobierno, la situación de las personas defensoras en Colombia debe entenderse como un problema estructural de persecución histórica contra el movimiento", afirma Torres, que además añade que "esto se debe no solo a actores armados legales o estructuras del Estado que muchas veces han perseguido y estigmatizado a los defensores, sino también a actores armados ilegales que, en el marco del conflicto político, social y armado, han convertido a los defensores y defensoras en enemigos".

En diciembre de 2023, la Corte Constitucional, máximo tribunal del país, declaró la grave situación de los defensores de derechos humanos. A través de su sentencia SU-546, declaró el estado de cosas inconstitucional, una figura que obliga al Estado a dar respuestas efectivas a las amenazas, utilizando los recursos que sean necesarios.

Torres también sostiene que la situación actual de los defensores es crítica debido a los retrasos en la implementación del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC, especialmente por las fallas en el desmonte del paramilitarismo y la impunidad: "En los 20 años de historia de nuestro programa [Somos Defensores], solo hay 179 sentencias sobre asesinatos de defensores".

A esto se suma, según Torres, la falta de articulación en las acciones del Estado, que fue incapaz de proteger a líderes como Beleño. "No hay una política clara en este momento para reaccionar ante la situación... No hay una acción concreta hoy por parte del Estado [sobre] cómo parar esta situación, cómo parar la situación de riesgo para los defensores".

Además, destaca fallas en la estrategia del actual gobierno de Petro que, aunque buena en intenciones, ha tenido escasos resultados en los territorios. Esta política, conocida como Paz Total, ha abierto mesas de negociación con los principales grupos armados ilegales que operan en el país, pero, según Somos Defensores, en ninguna de esas mesas se han pactado acciones concretas para proteger a los defensores.

Torres agrega que a pesar de que los grupos guerrilleros están en diálogo con el gobierno, la ONG ha registrado casos de agresiones instigadas por ellos contra los defensores de la tierra, siendo las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo los que han cometido el mayor número de incidentes contra los defensores en el primer semestre de 2024. "Por ejemplo, el Estado Mayor Central [disidencia de las FARC] fue uno de los principales actores, junto con las AGC [Clan del Golfo], que más agresiones cometió contra los defensores el semestre pasado. Sin embargo, estaban dialogando con el Estado Mayor, con el ELN, y tenemos casos registrados de agresiones por parte de esa guerrilla".

Escazú y la COP16

El pasado 28 de septiembre, el presidente Petro anunció que la Policía Nacional había capturado a miembros del Clan del Golfo, presuntamente responsables del homicidio de Narciso Beleño.

Los tres integrantes fueron detenidos en el marco de la operación Themis, una iniciativa especial del Ministerio de Defensa destinada a identificar a los responsables de los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Y aunque es un avance, en un país marcado por la desprotección, los líderes ambientalistas no están tranquilos.

El gobierno de Petro ha intentado posicionar la lucha contra el cambio climático como una de sus banderas. Para alcanzar este objetivo, ha impulsado espacios y herramientas que generan una mezcla de escepticismo y esperanza.

Uno de estos espacios fue la COP16, la cumbre de biodiversidad de Naciones Unidas, recientemente celebrada en la ciudad colombiana de Cali. Tatiana Roa, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, defendió la cumbre y aseguró a Dialogue Earth que este año Colombia, como país anfitrión, buscaba lanzar un mensaje clave: "Es la hora de la ‘paz con la naturaleza', entendida como un llamado a actuar de manera urgente ante la magnitud de la crisis civilizatoria que enfrentamos y la necesidad de tomar medidas inmediatas. La paz con la naturaleza nos obliga a replantearnos lo que entendemos por desarrollo y progreso".

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Nelson Orrego, líder de la Serranía de San Lucas, cuenta que en la COP16 se realizó una reunión entre líderes de diferentes organizaciones sociales de la Serranía de San Lucas y el gobierno nacional. Se acordó un documento de compromisos, que incluía un punto sobre la protección de los líderes sociales y las comunidades que habitan el territorio.

Otra herramienta impulsada por el gobierno es la implementación del Acuerdo de Escazú, ratificado en agosto por la Corte Constitucional. Este tratado regional puede ser clave para garantizar la vida de los líderes al proporcionar herramientas de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. Orrego señala que, combinado con el documento de la COP16, el Acuerdo de Escazú supone "un avance importante, ya que se utilizarán las herramientas legislativas existentes y se crearán otras para proteger a estos líderes".

Torres agrega: "El Acuerdo de Escazú nos obliga a actuar con mayor prontitud frente a ciertos asuntos, especialmente en relación con los defensores y defensoras del medioambiente. Nos ofrece la oportunidad de construir herramientas que realmente garanticen la participación ciudadana, la transparencia en la información y el respeto a los derechos de los defensores".

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Ambientalistas como el profesor Gabriel Tobón, de la Universidad Javeriana, ven con esperanza las herramientas del Acuerdo de Escazú. Él cree que aunque no se espera ver resultados de manera automática, el acuerdo "establece mejores condiciones para proteger a quienes se oponen a proyectos que amenazan el territorio".

Torres afirma que la principal garantía para los defensores será hacer avanzar el ambicioso conjunto de reformas sociales del actual gobierno, que van desde la protección laboral hasta la ampliación de la participación democrática y la mejora de la justicia, pero señala que éstas avanzan lentamente en el Congreso debido a la mayoría de la oposición. "El tema de la tierra es central en el conflicto, así como la posibilidad de construir economías de vida que puedan competir con las economías ilícitas, brindando a la gente alternativas reales", concluye.

*Publicado originalmente en Dialogue Earth