Cumbre Climática de la Juventud Latinoamericana: estas son las 10 recomendaciones para gobiernos nacionales y grandes emisores globales

La Cumbre Climática de las Juventudes Latinoamericanas (RCOY) finalizó hoy en Cartago, Costa Rica, y los activistas, después de largos debates y reflexiones, elaboraron un documento: "Propuestas para la Acción" con 10 recomendaciones para gobiernos nacionales y 10 recomendaciones para grandes emisores globales (países y empresas).

La conferencia se llevó a cabo del 12 al 14 de septiembre, en formato híbrido, y alrededor de unos 300 activistas estuvieron presentes en el país centroamericano. Las jornadas tuvieron talleres de todo tipo; palabras de apoyo como las del emotivo video del ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, quien dejó un mensaje especial para los jóvenes activistas; mesas de debates; artivismo; reflexiones y emociones a flor de piel.

El encuentro fue diverso y muy cálido. La voluntad de los jóvenes de querer cambiar la realidad se transmitía no solo desde sus enojos, sino también desde las propuestas para que los políticos vean lo que ellos ya están haciendo localmente para mejorar al mundo. Por eso, al final de la Cumbre, se compartió un mapa con varias iniciativas para la sostenibilidad de organizaciones de la región latinoamericana.

Tras haber definido el documento, los jóvenes iniciaron una campaña de incidencia a través de la plataforma Change.org para tratar de conseguir 100.000 firmas, con la intención de que el petitorio llegue con más fuerza y apoyo a la cumbre climática internacional más importante de los últimos tiempos, la COP27.

Las 10 recomendaciones para los gobiernos nacionales son:

1- Participación Pública

Pese a que 13 países de Latinoamérica han ratificado el Acuerdo de Escazú y varios de ellos ya están en proceso de implementación, aún restan 12 que no lo hacen; por lo que se les exige la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú con el propósito de proteger y preservar ecosistemas y brindar seguridad, protección y acompañamiento a la ciudadanía y, en especial, a defensores ambientales, consolidando una participación pública vinculante y una transparencia eficiente.

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2- Transición Energética

Se les exige a los gobiernos nacionales plantear en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) y sus Planes de Transición Energética Nacionales objetivos realistas, medibles, alcanzables, específicos, monitoreables en el tiempo, participativos y basados en ciencia; considerando el corto y mediano plazo y atendiendo a los recursos naturales locales disponibles y al contexto socioeconómico inequitativo de Latinoamérica. Dichos objetivos deben propender al fortalecimiento de la regulación del sector energético para controlar el uso de combustibles fósiles, favoreciendo la generación de energía renovable no convencional y la seguridad energética.

3- Ciudades y Transporte

Se sostiene la necesidad de tener:

- ciudades verdes, resilientes, sostenibles e inclusivas (especialmente considerando a las personas con discapacidad, con movilidad reducida, poniendo el foco en la perspectiva de género, las infancias y los jóvenes).

- una movilidad baja en emisiones con justicia social y transición justa,

- una planificación territorial con participación pública y enlace centro - periferia.

4- Pérdidas y daños

Se exige la apertura de un observatorio autónomo de pérdidas y daños; con relación estatal no restrictiva; multidisciplinario e inclusivo (con participaciones consultivas de actores clave, incluyendo a los pueblos indígenas, juventudes, infancias y a la academia); con multienfoques (en derechos humanos, comunidades, género, cultura, educación, salud, infraestructura, biodiversidad); que dé origen a medidas compensatorias de espectros económicos y no económicos; asociado además a una obligación de reporte de línea base y a un informe bianual.

5- Alimentación y agricultura

Se exige a los ministerios de agricultura, instituciones de investigación, gobiernos locales y a la población que se realicen planes de acción de soberanía alimentaria y producción agroecológica, garantizando el enfoque de género, el comercio justo, un consumo local que satisfaga las necesidades nutricionales y el enriquecimiento cultural, y el acceso al financiamiento y la articulación de coinnovación y acceso a la tierra. Que se implementen proyectos a nivel comunitario garantizando mecanismos de producción autónoma junto con la reducción del hambre, el fin de la pobreza y la reducción total de la inseguridad alimentaria de una manera transversal y holística para el año 2030.

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6- Empoderamiento climático

Se exige urgentemente la construcción de espacios de participación y acción para el empoderamiento climático de las juventudes en el ámbito local, nacional e internacional, teniendo en cuenta un enfoque socioemocional, socioambiental, interseccional, que permita a los jóvenes reconectar con la Madre tierra y el cosmos y convivir en armonía entre todos los seres para vivir bien (suma qamaña, sumak kawsay, buen vivir).

7- Adaptación

Se exige a los gobiernos nacionales que, para el término del año 2023, tengan el diseño de sus planes de adaptación nacionales y locales. Los NAP (National Adaptation Plans) tienen que hacerse considerando las territoriales locales, la cultura material, el conocimiento ancestral y las dinámicas sociales de cada comunidad. Para esto, serán fundamentales los procesos participativos que velen por la inclusión de las poblaciones más vulnerabilizadas (personas indígenas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas en situación de pobreza, mujeres, personas con discapacidad, personas sexualmente diversas, entre otros).

8- Biodiversidad y naturaleza

Se exige a los gobiernos nacionales diseñar e implementar una regulación integral que contenga mecanismos de acción interinstitucionales directos, con priorización de soluciones basadas en la naturaleza, para proteger, gestionar en forma sostenible y restaurar los ecosistemas, con especial énfasis en políticas públicas sobre flora, fauna y funga en los ejes de agroindustria regenerativa.

9- Océanos y zonas costeras

Es imperativo que los gobiernos establezcan e implementen un Plan Azul que incluya:

- Alcanzar, para el 2030, la protección del 40-50% de la superficie marina y el 60% para el 2040, a través de la creación y ampliación de áreas marinas protegidas que sean efectivas, inclusivas para las comunidades locales y basadas en la ciencia.

- Aumentar, al menos, en un 30% la inversión actual de los fondos nacionales destinados a iniciativas para la conservación marino-costera basadas en la investigación científica y la participación pública, con énfasis en los pescadores artesanales.

- Establecer, a nivel nacional, una moratoria para la minería de fondos marinos por, al menos, 10 años.

- Actualizar y ratificar la CONVEMAR, para dotar a todos los países latinoamericanos de una metodología en la que basar las evaluaciones de impacto ambiental estandarizadas y transparentes a nivel mundial, en desafíos como la minería submarina y la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada.

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10- Financiamiento e inversión

Se establece como absolutamente necesario:

- Transparentar los procesos y el acceso a la información por parte de la ciudadanía

- Descarbonizar los portafolios de inversión

- Priorizar la resiliencia de las comunidades en lugar de la rentabilidad de las inversiones locales.

- Comprender la retroalimentación negativa que se da entre la falta de financiamiento y la capacidad de las comunidades para hacerle frente a los impactos de la crisis climática y, a su vez, comprender el aumento en el riesgo de inversión en esas comunidades.

- Desarrollar mecanismos de control en los sistemas de préstamos públicos que permitan la comprensión, por parte de la ciudadanía, de los derechos y obligaciones que se contraen.

Las 10 recomendaciones para los grandes emisores globales son:

1- Carbono neutralidad

- Incentivar la ID+I para productos, servicios y tecnologías bajas en carbono;

- Acoger instrumentos normativos vinculantes para el reporte, monitoreo, verificación y divulgación de la información;

- Evitar el greenwashing, comprendiendo que una estrategia de carbono neutralidad no puede estar basada en la compensación, sino en la verdadera reducción de emisiones;

- Acelerar la implementación de la circularidad desde el diseño y la gestión adecuada de los recursos;

- Diseñar y ejecutar planes estratégicos regionales y locales para alcanzar la Carbono Neutralidad hacia el 2050.

2- Financiamiento

Establecer:

• Un fondo para la Mitigación bajo la figura original de USD 100.000 millones, aumentando dicho monto y con ejecución plena a partir de 2022;

• Un fondo para la Adaptación, cuyos instrumentos se basen en grants y transferencias de conocimientos, información y tecnologías, y la creación de capacidades para la adaptación;

• Un fondo para Daños y Pérdidas, permitiendo aliviar en lo inmediato los impactos del cambio climático más agudos y severos en situaciones de emergencia y, al mismo tiempo, colaborando en la articulación de políticas para hacerle frente a los daños permanentes y permitiendo reducir la desigualdad social.

3- Transparencia

- Plantear estrategias y plataformas de comunicación accesibles y de fácil comprensión, que tomen en cuenta el contexto y los idiomas locales.

- Garantizar la autonomía y reforzar las capacidades técnicas y financieras de las instituciones encargadas del MRV (Monitoreo, reporte y verificación).

- Aumentar la rendición de cuentas y la constancia del financiamiento en temas climáticos, rectificando el sistema de deudas y préstamos para permitir una correcta implementación y continuidad de las medidas.

4- Tecnologías y conocimiento

Solicitar a los grandes emisores y a las grandes empresas que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades locales con una perspectiva de reciprocidad y diálogo de saberes, identificando prioridades de investigación y desarrollo tecnológico, que contribuyan verdaderamente a atender las necesidades regionales y nacionales para hacer frente a la crisis climática.

5- Deuda ecológica y financiera

Hacer los pagos directamente a las comunidades afectadas, con liquidaciones no solamente en efectivo, sino con proyectos de asistencia social, de apoyo a la resiliencia y de compensación de daños. Siempre implementado consultas públicas participativas.

6- Impuestos verdes y mercados de carbono

Exigir que los mercados de carbono y los impuestos verdes reflejen todas las externalidades negativas y sean coherentes con los daños y las pérdidas que se producen.

7- Transición económica

Exigir la creación de Planes de Transición Económica, a más tardar al 2030, con una gobernanza que posea taxonomías de implementación obligatoria y que incluya la participación vinculante de todos los grupos de interés y los vulnerabilizados.

8- Articulación pública-privada

Avanzar en metodologías y certificaciones que permitan garantizar la suficiente transparencia de sus avances, con guías, certificaciones y principios internacionalmente reconocidos como Empresa B, ISO26000, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, GRI, IIRC, SA8000, Lucie Label, UN Global Compact, entre otros. A la vez, exigir una responsabilidad empresarial real y efectiva al informar los indicadores de sus productos a los consumidores.

9- Trabajadores y Consumidores

- Implementar indicadores de huella de carbono, huella hídrica y huella ecológica en el etiquetado visible, resaltando la inclusividad de las personas neuro diversas, además de la estandarización a nivel regional.

- Exigir que las empresas publiquen la información relativa al reporte de sostenibilidad ambiental, incluyendo sus proyecciones de mejora de sostenibilidad. Tanto el reporte dirigido a los accionistas como el dirigido al público en general deberán escribirse en un lenguaje comprensible y en un formato que permita su consulta autónoma.

- Asumir el compromiso, para el 2030, de implementar materiales sostenibles o efectivamente reciclables, con el fin de disminuir el consumo de plásticos de un solo uso. Que esta norma sea aplicada a todos, para que exista competitividad con el libre juego de la oferta y la demanda, de manera tal que se priorice el bienestar económico del consumidor.

- Conducir procesos de capacitación sobre cambio climático, realizados por consultores independientes con reconocida experiencia en educación ambiental en los territorios donde se preste el servicio. Realizar las capacitaciones en forma periódica y de manera transversal a todos sus trabajadores y a los consumidores finales.

10- Empleos verdes, azules y emprendimientos de triple impacto

Exigir, en torno a los emprendimientos sostenibles, el acompañamiento de los entes cooperantes financieros para lograr un impacto a largo plazo, beneficiando a las poblaciones más vulneradas.

Esta declaratoria final fue leída ante la presencia de tomadores de decisiones, como: la directora de Cambio Climático de Argentina, Florencia Mitchell, y la viceministra de Juventud de Costa Rica, Kristel Ward, quienes luego dieron un discurso.

"La juventud latinoamericana está despierta y activa. La región sufre enormes pérdidas y daños por la crisis climática que generan impactos sociales, ambientales y económicos. Por eso, pedimos a los gobiernos nacionales y grandes emisores acciones concretas y urgentes. ¡Los jóvenes nos unimos para la regeneración!", dijo a Carbono.News, la Coordinadora General de Educación y de Crisis Climática de Eco House Global (EHG), María Aguilar.

Los momentos más emotivos de la Cumbre

"El Sur Global debe exigirle al Norte responsabilidades financieras por ser el bloque más contaminante del planeta" fue la frase que más resonó entre los jóvenes y los invitados especiales.

"Los impactos de la crisis climática amenazan todos los derechos humanos, pero no nos afectan a todos por igual. El 1% de la población mundial ha generado el 50% de los gases de efecto invernadero. Tenemos que volcar la agenda y empezar a hablar de daños y pérdidas, porque la adaptación y la mitigación ya quedaron atrás. Sí, nos vamos a adaptar, sí, vamos transformar las sociedades y los sistemas económicos, pero los daños y pérdidas son inevitables; esto nos lo ha dicho la ciencia. Por lo tanto, es urgente que se ponga el financiamiento para hablar también de quién va a asumir los costos de los daños y pérdidas que se generan en Latinoamérica", dijo la representante de la fundación alemana Heinrich Böll (HBS) de Centroamérica, Ingrid Hausinger, el primer día de la conferencia, para alentar a los jóvenes a incidir en las políticas públicas.

Uno de los momentos más emotivos, fue protagonizado por Pepe Mujica, quien dio un mensaje grabado especialmente para los jóvenes en la RCOY:

Por parte de los jóvenes líderes, el fundador y presidente de Eco House Global (EHG), Máximo Mazzocco, fue uno de los que subió al estrado y destacó: "Cuando era joven, había una frase que se repetía mucho: 'Si uno no está en la mesa, es parte del menú'. Si no estás siendo el tomador de decisión, sos parte del menú, alguien va a elegir que es lo que va a suceder con vos".

"¿Cuántos jóvenes son fanáticos de los likes y de los reconocimientos? Nosotros queremos estar en la mesa, pero cuando lleguemos a la mesa, ¿vamos a actuar como los de antes o vamos a ser colaborativos, más solidarios? ¿Le vamos a dar espacio a otras voces?", dijo.

"Llegué a la conclusión que debemos trabajar muchísimo en la crisis de la inteligencia emocional individual. En la crisis ética. Tener empatía, valorar la diversidad que es lo más valioso que tenemos".

"Siempre me voy con la misma conclusión: El pensar global y actuar local'. Empoderar lo local es una de las grandes misiones que tenemos. La verdad absoluta no la tiene nadie. Hay que aprender a escuchar, a frenar, a repensar constantemente y a poner bajo la lupa: ¿Quiénes somos?", cerró.

Durante el segundo día, unas activistas peruanas llevaron una declaratoria de las juventudes indígenas de la Amazonía peruana para que sus voces estuvieran presentes en la conferencia. Entre los puntos fundamentales, señalaron: "Nos sumamos a la iniciativa impulsada por COICA para proteger el 80% de la Amazonía al 2025 frente a la crisis climática y consideramos que, para lograrlo, el Estado peruano debe garantizar nuestros derechos y respetar nuestros territorios ancestrales, conforme los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos".