Chubut, 18 años de lucha: "La megaminería no tiene licencia social"

A 18 años de la primera marcha masiva, el pueblo chubutense sigue en lucha contra la megaminería a cielo abierto, por las sustancias tóxicas que implica y la gran cantidad de agua que necesita. En defensa de la salud y de los recursos naturales, vecinos autoconvocados, y otros organizados en asambleas, realizan marchas y movilizaciones casi todos los días para impedir el avance de una ley que busca habilitar este tipo de explotación, y en favor de una que la prohíba en toda la provincia.

El 24 de noviembre, por iniciativa popular, con casi 31.000 firmas, ingresó por segunda vez a la legislatura de Chubut un proyecto de ley para prohibir la megaminería a cielo abierto en la provincia, elaborado por la Unión de Asambleas Ciudadanas. En simultáneo y de modo antagónico, el gobernador Mariano Arcioni (Chubut somos todos) presentó su "Plan Productivo de la Meseta del Chubut" que busca establecer cuáles son las zonas en las que sí se podría hacer megaminería. 

"No tienen licencia social", aseguró Nilda Bulzomi, docente y miembro de la Asamblea No a la Mina y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la regional Esquel.

En 2003, gracias a la lucha de los vecinos, se sancionó la ley 5001 que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro en la provincia. Sin embargo, el artículo 2 dice que en el plazo de 120 días se podrán establecer las áreas de excepción al primer artículo. Estas excepciones se impidieron gracias al esfuerzo de las asambleas, pero ahora, luego de 17 años, el Ejecutivo de Chubut, con Arcioni a la cabeza, quiere avanzar con este plan de zonificación minera.

"Minería de agua"

"La gran megaminería es fundamentalmente minería de agua porque consume enormes volúmenes de agua y además utiliza tóxicos que son realmente nocivos para la salud de todos", señaló Bulzomi a Carbono.news. 

Además, destacó que aunque los funcionarios lo desmientan, afectaría la cuenca del río Chubut y el acuífero Sacanana. "Nosotros sabemos que los límites cartográficos no son los límites realmente geográficos", aclaró.

Estos yacimientos "empiezan a competir con las necesidades de la población" ya que se llevan el agua y la energía para su trabajo y el resto de las actividades son "desplazadas", sumó la activista.

Los justificativos del "desarrollo minero", según el Gobierno provincial, son la creación de empleo, el crecimiento económico y una mejor calidad de vida. Para los vecinos esto es falso, y citan como una de sus fuentes la investigación "15 Mitos y Realidades de la minería transnacional en Argentina" de Horacio Machado y de Maristella Svampa, entre otros autores, que asegura que cada un millón de dólares de inversión en minería, solo se genera un empleo. Por otro lado, recuerdan que las regalías tienen un tope del 3%: "Toda la ley de inversiones mineras está hecha a medida de las empresas", sostienen.

"Acá no hay grieta"

"No hay ningún justificativo que apoye esta decisión del Ejecutivo de poner la megaminería, más allá de los compromisos o negociados que pueden haber aceptado ellos en forma individual o corporativa", agregó Nilda y cerró: "Acá no hay grieta".

Para justificar la zonificación, varios políticos citaron un informe del CONICET que supuestamente decía que la megaminería mejoraba la calidad de vida de la población. Luego, el autor del informe, el geógrafo Guillermo Velázquez, desmintió públicamente esa información. "Usaron el sello del Conicet para poner todas las cosas truchas que dicen", dijo a Radio Nacional Esquel. Y sumó: "De ninguna manera se puede decir que contribuye a mejorar la calidad de vida o el desarrollo".

"No tienen licencia social"

"La megaminería no tiene licencia social", opinó Nilda Bulzomi, y detalló que quienes salen a defender esta medida "no son las comunidades" cercanas a los posibles futuros yacimientos, "sino los intendentes". "Se distorsiona la información", concluyó.

Además, detalló: "Nosotros no nos oponemos a la minería de roca que hace piedra laja o que trabaja la piedra de alguna manera, sino a la megaminería metalífera a gran escala".

Esquel: "Bastión de resistencia"

La lucha de los vecinos organizados en No a la Mina comenzó en 2002, cuando la empresa canadiense Meridian Gold planeaba explotar a cielo abierto y con cianuro una mina de oro y plata en el Cordón Esquel, a seis kilómetros de la ciudad. 

Los vecinos se fueron informando de lo que esto implicaba y generaron asambleas, debates, grandes movilizaciones y campañas de concientización a la población, y así lograron que en 2003 hubiera una consulta popular en la que el 81% de la población votó "NO" a la megaminería. "Luego, como bola de nieve, se fueron sumando asambleas de todo el país", recordó Nilda. Ese año, consiguieron la ley 5001.

En 2014 presentaron la primera iniciativa popular que exigía la prohibición de la megaminería en la provincia. Cuando trataron el proyecto, el diputado provincial por Trelew, Gustavo Muñiz (Frente para la Victoria), intercambió mensajes con Gastón Berardi, un gerente de la minera Yamana Gold, empresa que planeaba (y lo sigue haciendo) un proyecto en Esquel y que opera en San Juan y Catamarca. En el texto, Berardi le pedía que cambiara un artículo de la ley y el funcionario le contestaba "eso después el Ejecutivo lo reglamenta".

Ese día se aprobó algo distinto: solo se suspendió la actividad minera por 120 días y se habilitó al Ejecutivo provincial a convocar a "consultas populares" en las regiones afectadas por cada proyecto de explotación. "Fue bochornoso", afirmó Nilda. Sin embargo, el gobernador luego lo derogó.

La polémica se reavivó en 2015: en el marco de una causa que involucra a la comunidad mapuche en conflicto con la multinacional Benetton, se conoció que un grupo de 22 vecinos de Esquel, en su mayoría integrantes de la Asamblea, fueron espiados y fichados por organismos de inteligencia nacionales.

El propio Ministerio Público Fiscal reconoció haber recibido esas fichas por parte de un agente cuyo nombre no dio a conocer porque la ley 25.520 lo impide. En 2016, este espía fue procesado. La causa aún sigue en pie, contó Nilda.

Estas últimas semanas, a raíz de las marchas, Arcioni emitió un decreto que causó rechazo en las asambleas: implementó un protocolo policial "para la utilización de las armas de fuego en situaciones complejas con agresiones con armas blancas", y los vecinos temen que haya represión. 

Además, sostienen que se parece al que fue derogado por Alberto Fernández que había sido establecido por Patricia Bullrich. "Es responsabilidad de Mariano Arcioni y de Alberto Fernández si llega a pasar algo", afirmó Bulzomi. Antes de asumir, el gobernador prometió no hacer megaminería, como consta en algunos de los tuits que publicó en 2016, cuando todavía era vice de Mario Das Neves, quien después le cedió el cargo por problemas de salud.